Contraloría destapa otra olla podrida en Termorío
Un nuevo caso que se asemeja al de Termorío denunció la Contraloría general de la República al reportar que en San Andrés fue suscrito un contrato PPA oneroso para Corelca y que puede significar pérdidas para la empresa por 97 mil millones de pesos.
Bogotá.--- Un nuevo caso que se asemeja al de Termorío denunció la Contraloría general de la República al reportar que en San Andrés fue suscrito un contrato PPA oneroso para Corelca y que puede significar pérdidas para la empresa por 97 mil millones de pesos.El Contralor General, Carlos Ossa Escobar explicó que por sobrecostos, la nación puede reportar esas pérdidas por cuanto hay sobrecostos generados y por generar entre 1.996 y el año 2.009."Hay algo más grave y es que se sobrestimó la demanda eléctrica en San Andrés. La capacidad de potencia de la planta de la isla es muy superior a su demanda y ha habido una situación muy difícil en la distribución de la energía pues la redes están en mal estado, aspecto que preocupa a la Contraloría y que se convierte en el factor que obliga al organismo de control a requerir a Corelca y al ministerio de Minas y energía para que den pronta solución al asunto", agregó el señor Contralor.Según el funcionario, la pérdida causada por el contrato de PPA tiene los matices de los otros pues son contratos que se hacen y en los cuales el estado pacta unas tarifas muy altas o garantiza un consumo con base en una proyección de la demanda muy alto y después cuando se realiza el contrato, el afectado ve que dichas proyecciones no encajan o que los precios pactados para la generación de energía fueron demasiado altos y allí pierde el Estado."Acá hay múltiples investigaciones por irregularidades en los PPA pues el país pierde por este tipo de contratos cerca de 485 mil millones de pesos por año con los extracostos que resultan de los contratos leoninos para el gobierno como el de Termo-Paipa, como Emcali, Tepsa, Termodorada y muchos otros", precisó Ossa Escobar.A criterio del Contralor es muy complicado encontrar una salida jurídica, aun cuando se está buscando por parte del gobierno. Lo que hay que hacer, explicó, es aprender de todo esto y tratar de renegociar esos contratos, si las circunstancias lo permiten pero siempre sucede como en Termorío que los particulares quedan asegurados aplicando la ley del embudo, es decir lo ancho para ellos y lo estrecho para el estado y los ciudadanos.




