Gobierno anuncia políticas para superar crisis carcelaria

(Versión de la agencia estatal de noticias ANCOL)

BOGOTA.----La cultura de la solución de conflictos por medios violentos y la precaria situación económica son factores, que en los últimos años, han ocasionado un notable incremento de la criminalidad en Colombia.
Como consecuencia, la población interna en los 173 penales que dependen de la Nación llegó ya a los 55.000 presos, cifra que sobrepasa en más de 13.500 la capacidad que posee el Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional.
El problema se agrava por el aumento en el número de internos condenados que cumplen actualmente pena.
Según estudios realizados por el Ministerio de Justicia y el Derecho, si no se introducen los correctivos del caso el problema se desbordaría en los próximos años, pues una de las políticas previstas es la creación de un mayor número de tribunales, para agilizar los procesos jurídicos de los sindicados.
Se cree que aumentaría la población condenada que deberá cumplir su pena en estos centros de reclusión del país, donde hoy se evidencia un gran hacinamiento.
En enero de 2000, cuando la Nación tenía 168 cárceles manejadas por el Inpec --Instituto Penitenciario y Carcelario--, la población reclusa llegó a los 45 mil, mientras que la capacidad de estos penales era de 34 mil. Esta cifra significó un hacinamiento de casi el 34 por ciento.
En diciembre del mismo año, el número de internos, condenados y sindicados, ascendió a los 51.518.
La situación es tan grave, que en 28 cárceles está recluido el 30 por ciento del total de la población reclusa. Y en estas prisiones, el sobrecupo rebasa el 120 por ciento.
Desde ese mes a junio de 2001, el número de presos llegó a 55.000, según cifra suministrada esta semana por el ministro de Justicia, Rómulo González Trujillo.
Las malas condiciones de habitabilidad y el exceso de población no permiten un adecuado tratamiento, es decir, una atención integral durante el proceso de administración de la pena.
Si no se adelantan acciones tendientes a superar el problema, cada vez será más difícil garantizar a la creciente población reclusa condiciones de vida digna y asegurar al país que los condenados cumplirán con sus penas en centros de reclusión seguros y eficientes, y que volverán a la sociedad completamente rehabilitados.
POLITICA CARCELARIA DEL GOBIERNO
La dramática situación que enfrentan las cárceles del país demanda una política de Estado, razón por la cual, el Gobierno Nacional se propuso eliminar el problema del hacinamiento carcelario en un período de tres años, desde el 2000 al 2002.
Dentro de las fórmulas planteadas para acabar con la congestión en las prisiones, surgieron la alternabilidad penal, la conciliación y una mayor eficiencia en la administración de justicia.
La alternabilidad permite que el sindicado no necesariamente vaya a prisión sino que responda ante la justicia, garantizando su presencia en el proceso. La detención domiciliaria y la fianza son, entre otras, alternativas para contener el hacinamiento.
No obstante, el Gobierno es consciente de que estas políticas no constituyen soluciones a corto plazo para disminuir el actual porcentaje de hacinamiento promedio, que en el año 2000 alcanzó el 31 por ciento, cifra que incluye a hombres y mujeres, condenados y sindicados, produciendo, de paso, un déficit de cupos de 13.532.
La construcción de nuevos centros de reclusión aparece como una alternativa viable con la que, si bien no se logra disminuir completamente el exceso de población en las cárceles, se pueden obtener, más pronto, efectos positivos para la solución del hacinamiento, el mejoramiento de la calidad de vida al interior de los centros de reclusión y los espacios adecuados para el tratamiento progresivo de los internos.
La construcción demanda tiempo porque un centro penitenciario de mediana seguridad se debe terminar en doce meses.
PROBLEMATICA DE LA INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
Analizada la infraestructura carcelaria, se definieron varios problemas. El principal, es la localización de los centros de reclusión, algunos situados en los cascos urbanos, factor que los hace vulnerables e inseguros.
Otro es la imposibilidad de ampliar las infraestructuras existentes, pues no existe área de terreno disponible para este tipo de obras.
También constituye un problema el que la infraestructura carcelaria en su mayor parte es tan antigua que obliga a hacer grandes inversiones para poner las prisiones en condiciones de habitabilidad y de operación.
Todas estas circunstancias adversas a la propuesta de mejorar los penales que existen hoy, llevó al Estado a iniciar las acciones pertinentes para fomentar la construcción de nuevos y seguros penales.
Para facilitar esta tarea se optó por la supresión legal de la Subdirección de Construcciones que operaba en el Inpec y la creación del Fondo de Infraestructura Carcelaria (FIC), que es hoy una dependencia del Ministerio de Justicia.
El reto que tiene el Fondo es construirle al Estado Colombiano 22.000 nuevos cupos, seguros y adecuados, para que sean habitados decentemente por los internos.
El FIC, bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, concretó el Plan de Construcciones que comenzó en el año 2000 y debe concluir en el 2002.
Con sustento en este Plan se ha avanzado en la construcción de espacios que garanticen condiciones de vida digna.
El FIC se ha comprometido a diferenciar los condenados de los sindicados, a tratarlos por edades, sexo y niveles de peligrosidad, procurándoles su rehabilitación, satisfaciendo sus necesidades básicas y buscando su readaptación social.
Los centros de reclusión que dependen de la Nación tienen en Colombia, como en el resto del mundo, la función de albergar a aquellos individuos que por presunción han infringido la ley y deben cumplir con una detención preventiva, o a aquellos que, una vez seguido el debido proceso, deban cumplir con una sanción penal.
No obstante, esa finalidad sustancial ha sido rota en Colombia por las continuas fugas y los intentos frecuentes que, mediante la construcción de socavones, en edificaciones carcelarias muy vulnerables, se han concretado en los últimos meses.
En menos de un año, las autoridades descubrieron en las cárceles 79 túneles, preparados por los reclusos con el afán de alcanzar el exterior y conseguir su libertad contra la ley.
La debilidad del Sistema Penitenciario y Carcelario ha sido reconocida no sólo por funcionarios del Gobierno sino por expertos juristas. Y está reforzada por el hacinamiento carcelario que, según las cifras, llega hoy al 40 por ciento.
Para acabar con esta congestión, la Nación, por mandato de la Ley 65, debe atender los centros de reclusión del orden nacional y los entes territoriales los de orden departamental y municipal.
El Conpes --Consejo Nacional de Politica Económica y Social-- resolvió el 14 de julio de 2000 construir 24.628 cupos nuevos, adecuar trece cárceles y refaccionar otras 25, en un lapso de tres años.
Parte de esos nuevos cupos se lograron mediante la implementación y ejecución del Plan de Obra Nueva, el cual permitirá cubrir el déficit actual en un 95 por ciento.PROYECTOS PROGRAMADOS POR REGIONAL
Para la Regional Noroeste --que incluye a Antioquia y Chocó--, se tiene proyectada la construcción de cuatro centros de mediana seguridad con 6.400 cupos y una inversión de aproximadamente 97.082 millones de pesos, y un centro de alta seguridad con 400 cupos y un costo de 12.613 millones de pesos.
Para la Regional Central --que son los departamentos de Amazonas, Cundinamarca y Meta--, tres centros de mediana seguridad con 4.800 cupos y una inversión de 72.812 millones de pesos.
En la Regional Occidental --que son los departamentos de Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Valle--, una cárcel de mediana seguridad con 1.600 cupos y un costo de 24.270 millones de pesos.
En la Regional Norte --que incluye a Atlántico, Bolívar, El Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre--, un centro de mediana seguridad con 1.600 cupos y un costo de 24.270 millones de pesos.
En la Regional Oriental --conformada por Arauca, Casanare, El Cesar, Norte de Santander y Santander--, se prevé la construcción de dos cárceles de mediana seguridad con 3.200 cupos y una inversión de 48.541 millones de pesos.
Finalmente, en la Regional Viejo Caldas --integrada por Caldas, Quindio, Risaralda, Tolima y Valle--, se proyectó la construcción de dos cárceles de mediana seguridad con 3.200 cupos y un costo de 48.541 millones de pesos.
Este Plan de Inversiones tiene asegurados los recursos necesarios para facilitar su ejecución.
Ya se adelanta la construcción de tres de estos centros de reclusión de mediana seguridad. Uno situado en Acacías (Meta), otro en Popayán y el tercero en el municipio de Cómbita (Boyacá).
Se han contratado obras para mejorar las condiciones de habitabilidad en siete centros de reclusión existentes en los municipios de Cartagena, Montería, Neiva, Espinal, Mocoa, Ibagué y Pasto.
Se construye un pabellón especial en la guarnición de Tolemaida, municipio de Nilo (Cundinamarca), para miembros de la fuerza pública procesados por la justicia penal militar.
Para iniciar nuevos procesos que garanticen la construcción de las demás prisiones, se adelantan las gestiones pertinentes para definir los predios donde se desarrollarán estos proyectos.
Al finalizar el año 2001, el país contará con 6.848 nuevos cupos que disminuirán el hacinamiento en un 14 por ciento y que lo colocará en el 26 por ciento.
Este año el FIC contratará la construcción de cinco penitenciarías de mediana seguridad y una penitenciaría de alta seguridad.
Igualmente se adecuan dos pabellones de mediana seguridad en Itaguí (Antioquia) y un pabellón de mediana seguridad en Florencia.
Estas obras generarán entre el 2002 y el 2003, un total de 8.600 cupos nuevos que indudablemente mejorarán la infraestructura carcelaria existente.
El FIC habilitó 1.970 cupos este año invirtiendo recursos en cinco centros de reclusión, bajo el Plan de Refacciones.
Durante el 2001 contratará obras para refaccionar 13 centros y habilitar 7.026 cupos, de acuerdo con las cifras suministradas a Ancol por Carlos Hernán Valdivieso Laverde, director del FIC.
CONDICIONES DE LOS LOTES PARA CONSTRUIR CARCELES
No resulta fácil localizar los lotes donde deben construirse las nuevas cárceles, con las seguridades que requieren.
La escogencia de los lotes retarda porque éstos deben reunir especiales condiciones.
Deben estar lejos de cualesquiera de las terminales de transporte, estaciones de ferrocarril, terminales de buses y aeropuertos.
Deben estar localizados en las áreas semi-rurales de los municipios.
Deben estar cerca de guarniciones militares o policiales.
Sus dimensiones deben permitir un adecuado aislamiento, posibilitando la localización de muros, mallas y arbustos.
Deben estar alejados de cerros o montículos que permitan tener contacto visual con el exterior.
Deben tener área con una topografía horizontal muy definida. Es indispensable contar con vías de comunicación (pavimentadas) y medios de transporte.
Es necesario contar con los servicios de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y teléfono. Así mismo, la evacuación de aguas residuales.
Y además, deben estar próximos a los municipios en las áreas contrarias al desarrollo urbano.
La construcción de una cárcel es bastante compleja. Una de mediana seguridad se aproxima a los 25.550 metros cuadrados y una de alta seguridad tiene unos 15.000 metros cuadrados, metraje que debe ser construido entre ocho y doce meses.
Cada centro de reclusión requiere un mínimo de 400 empleados, nueve en administración, 20 en operación, 50 en tratamiento y desarrollo y 320 en custodia y vigilancia.
PRIVATIZACION DE LAS CARCELES
El control y vigilancia de las prisiones en el país está asignado al Inpec, un Instituto creado desde 1995.
Esa tarea se la ha encomendado a 7.200 guardianes que han sido vinculados a la institución, luego de haber aprobado los cursos de preparación a que son sometidos en la Escuela Penitenciaria que funciona en Funza, municipio de Cundinamarca.
Los problemas que han ocurrido hacia el interior de las prisiones llevaron esta semana a ventilar públicamente la supresión del Inpec y se propuso la privatización de las cárceles.
La idea fue acogida por la Asociación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada (Andevip), que revivió un proyecto que envió al Ministerio de Justicia hace casi dos años.
Según Jaime Humberto Higuera, director-ejecutivo de la Asociación, hay 120 empresas de seguridad privada que reunen a unos 80.000 hombres, debidamente adiestrados y capaces de asumir el control de las prisiones.
Higuera sustentó su idea señalando que en los Estados Unidos las cárceles son estatales pero están vigiladas por los particulares.
La propuesta es que cada penal se entregue en concesión a una empresa de vigilancia. Ello implica que el Estado paga por cada preso, para garantizar su alimentación, su formación y su readaptación social.
HACINAMIENTO, CULPA DE LOS CODIGOS
Para los abogados que suelen litigar ante los despachos judiciales, son muchas las causas que provocan el hacinamiento y la violencia que hoy sacude a las cárceles del país.
Para Jaime Giraldo Angel, quien tuvo la oportunidad de manejar los códigos como Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema y administrar las prisiones, como Ministro de Justicia, la política criminal colombiana fracasó y se hace necesario cambiarla.
Atribuyó la congestión carcelaria al impacto que ha provocado la ley 228 de 1995 que penaliza, por haber convertido en delitos las contravenciones que antes eran competencia de los inspectores de policía.
Por esa razón, y citando cifras del Consejo Superior de la Judicatura, desde ese año y hasta hoy, han ingresado a las prisiones 9.000 contraventores, cuya presencia ocasiona una enorme congestión.
El ex ministro mencionó ejemplos múltiples para demostrar que estos delincuentes son producto de los problemas sociales y de la violencia intrafamiliar. Recordó que hoy se paga con cárcel la inasistencia alimentaria en la que incurren muchos padres por carencia de empleo.
"Para lo que ha servido ese tratamiento criminal que se le da a los problemas sociales, es para crear escuelas del crimen pavorosas", comentó a Ancol.
Propuso cambios definitivos en la política criminal para que se pueda controlar el hacinamiento. En su criterio, si se saca el 50 de los delincuentes sociales y se utilizan otros mecanismos distintos a la pena para castigar sus faltas, la normalidad volverá a las prisiones y no habrá tanta violencia dentro de ellas, como ahora, y además se volverán manejables.
Para el penalista Anselmo Chávez, un litigante de casi 30 años, lo que pasa en las cárceles es culpa de los códigos que no consultan las necesidades del país. "Son lentos, demorados, con un procedimiento escrito que dilata las decisiones judiciales", dijo.
El es uno de los que cree que si al sindicado se le da un tratamiento distinto al que recibe hoy y que implica encerrarlo mientras se le resuelve la situación, las cosas cambiarán dentro de las cárceles.
Recordó que en otros países se recurre a la fianza antes que al encierro, caso contrario al de Colombia, en donde se profieren con inusitada rapidez y frecuencia medidas de aseguramiento.