No hay peticiones de extradición ni de asilo en caso guerrillero

Caracas.--- El Gobierno venezolano indicó que no ha recibido ninguna petición del Ejecutivo colombiano para extraditar al presunto guerrillero José Ballestas ni éste último ha solicitado acogerse al derecho de asilo.
El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Luis Dávila, señaló que el caso está en plena investigación y reiteró que, en todo caso, el Gobierno actuará conforme a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos en esa materia.
Las declaraciones de Dávila se produjeron tras reunirse con su colega de Defensa y ex canciller, José Vicente Rangel, y con el Fiscal General y ex vicepresidente del Gobierno, Isaías Rodríguez.
Ballestas está acusado en Colombia de ser un relevante miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de haber dirigido el secuestro de un "Focker" de la aerolínea "Avianca" con 47 ocupantes, el 12 de abril de 1999.
Dávila aseguró que, hasta donde sabe, Ballestas no ha solicitado asilo político en Venezuela del mismo modo que el Gobierno colombiano tampoco ha pedido que sea extraditado.
"Si de Bogotá nos piden la extradición la evaluaremos a la luz de los convenios internacionales firmados por Venezuela en materia de terrorismo, toma de rehenes y hechos parecidos", señaló Dávila, quien añadió que el informe final que sobre el caso será remitido "pronto" a las autoridades colombianas.
El ministro venezolano del Interior y Justicia, Luis Miquilena, aseguró el pasado sábado que Ballestas había solicitado asilo político y reveló que se encuentra en "libertad custodiada" pero sin precisar el lugar de residencia ni el cuerpo de seguridad que efectúa la vigilancia.
Ballestas, que vivía en Caracas bajo identidad aparentemente falsa, fue detenido el 13 de febrero con la colaboración de policías colombianos, y "liberado" cuando estaba a punto de ser embarcado en un avión con destino a la capital colombiana.
Previamente, el titular de Defensa, en cuyo despacho se celebró la reunión, indicó que el revuelo que está formando la prensa colombiana en este asunto tiene por objeto "ocultar la injerencia de su policía en Venezuela".
Rangel descartó que existan convenios de cooperación policial que expliquen la presencia de los agentes colombianos en suelo venezolano y afirmó que "nada que viole la soberanía de un país puede estar contemplado en un acuerdo".
La presencia de policías colombianos trabajando con agentes venezolanos, sin el aparente conocimiento del Gobierno, le costó el puesto al director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Elisio Guzmán, quien hoy fue sustituido por Miguel Dao.
Antes de entrar a la reunión, el Fiscal General reiteró que en un primer momento no sabía que Ballestas fuera un presunto guerrillero y aseguró que, al conocer esa posibilidad, ordenó que se abriera una investigación para determinar si hay delitos y responsables en el tratamiento y en las circunstancias que rodean el caso.
Raúl Cubas, portavoz de la organización de defensa de los derechos humanos "Provea", señaló hoy que esa institución, que desencadenó el proceso que terminó con la "liberación" de Ballestas, se limitó a cumplir con sus principios y objetivos.
Cubas manifestó que de haberse consumado la entrega de Ballestas a las autoridades colombianas, sin cumplir con los trámites legales, se hubiesen violado la Constitución Bolivariana y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por Venezuela.
El representante de Provea explicó que lo primero que hicieron al ser informados sobre la deportación de Ballestas fue confirmarla con el destituido jefe de la PTJ, Elisio Guzmán, para, a continuación, denunciar el caso ante la Defensoría del Pueblo.
Cubas indicó que posteriormente se comunicaron con los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Secretaría de la Presidencia, con cuyos titulares no lograron contactar, para notificar lo que estaba ocurriendo.
Esas gestiones son las que, al parecer, frenaron la deportación de Ballestas e impidieron que, según Cubas, que citó precedentes con ciudadanos de Perú y España, se violasen derechos fundamentales que tiene toda persona "con independencia de su condición".