Venezuela condenó "injerencia" colombiana en caso de guerrillero

CARACAS.---- El Gobierno venezolano condenó y rechazó hoy la participación ilegal de la Policía de Colombia en el proceso de detención e interrogatorio del presunto guerrillero colombiano José Ballestas, acusado por Bogotá como autor del secuestro de un avión de la línea aérea de Colombia Avianca.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Luis Miquilena, informó además en una rueda de prensa de que Ballestas, presunto miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), solicitó junto a otra colombiana "asilo político" a Venezuela, "porque se considera un "perseguido político del Gobierno colombiano".
La petición de asilo fue formulada por Ballestas el pasado 15 de febrero y se está elaborando, dijo Miquilena, mientas que el vicecanciller venezolano, Arévalo Méndez, aclaró que su país se tomará "su tiempo" y decidirá "cuando sea conveniente" si es extraditado o si permanecerá en este país.
Miquilena destacó que "es un hecho de inmensa gravedad" que la Policía colombiana "haya participado de forma activa", el pasado 13 de febrero en Caracas, en la detención e interrogación de Ballestas, quien fue detenido junto a un venezolano por la Policía Técnica Judicial (PTJ), por miembros de la INTERPOL y del DepartamentoAdministrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.
Condenó la "actitud irregular" del director de la PTJ, Elíseo Guzmán, al permitir la presencia de los miembros del DAS, e informó de que por ello fue destituido del alto cargo policial.
"La soberanía de Venezuela ha sido violada impunemente. Para nosotros la soberanía es mucho más importante que cualquier otra cosa", respondió Miquilena a los reclamos de Bogotá por la liberación del supuesto subversivo del ELN, la segunda guerrilla más importante de Colombia.
Aclaró que Ballestas se encuentra en este país bajo "libertad custodiada", y desmintió "categóricamente" que su liberación se haya producido a cambio de la devolución de varios venezolanos secuestrados en Colombia, país con el que Venezuela comparte una amplia frontera de 2.219 kilómetros.
Detalló que la liberación fue en respuesta a una denuncia de la local organización no gubernamental Provea, que aseguró al Gobierno que el proceso de detención de Ballestas fue un "secuestro", y que su traslado "ilegal" a Colombia, previsto el pasado 15 de febrero, "violaba sus derechos humanos".
"Se trataba de una denuncia de violación de derechos humanos y me tocaba intervenir y averiguar hasta qué punto ese hecho se estaba produciendo", dijo Miquilena, y agregó que las leyes venezolanas prohíben mantener detenida a una persona por más de 48 horas.
Asimismo, resaltó que el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, investiga cuándo y cómo ingresó Ballestas al país, donde supuestamente lleva viviendo varios meses, además de quiénes le suministraron los documentos falsos de identidad que portaba en el momento de su detención.
Miquilena manifestó su seguridad en que el asunto del presunto subversivo "se resolverá por la vía amistosa con Colombia", aunque se quejó del "escándalo" que formó el Gobierno colombiano.