Fuerzas Militares piden al Congreso manos libres para atacar subversión

Por Fabio Callejas y Paul Alzate
BOGOTA .--- El ministro de la Defensa (e), general Fernando Tapias le pidió hoy al Congreso de la República, no imponer más restricciones legales a las Fuerzas Militares con el fin de responder a las acciones terroristas de los grupos alzados en armas-
El alto oficial intervino en la plenaria del Senado sobre el debate de la desaparición forzada y expresó que la tipificación del delito como "genocidio" debe quedar claro contra qué grupos no se puede aplicar para no dar cabida a grupos ilegales -
Dijo que el país puede estar seguro que quienes están al margen de la ley no se tomarán el poder por las armas , porque los organismos de seguridad han actuado con capacidad pese a algunas limitaciones.-
Agregó que actualmente , existen en el país 254 sitios sin presencia de la fuerza pública y que han sido suplantados por los grupos alzados en armas-
"Si a esa restricción de pie de fuerza se le agrega otra de carácter legal , además de las que ya tenemos , es muy difícil nuestra capacidad de reacción frente a los guerrilleros que se han dedicado al terrorismo , al secuestro y a la extorsión"-
El Senado designó una subcomisión para estudiar las objeciones presidenciales a la Ley de Desaparición Forzada, que contempla un artículo tipificando el delito de genocidio que en concepto de las Fuerzas Militares y del Gobierno sería una talanquera para la acción contra los grupos subversivos.
El ministro de Justicia, reafirmó la posición oficial de objetar por inconveniente e inconstitucional varios de los puntos de la Ley, pero especialmente dijo que el proyecto fue tramitado irregularmente porque el artículo del genocidio habría sido aprobado sin el cumplimiento de los ocho debates exigidos.
Pero la posición ministerial fue duramente controvertida por los liberales Germán Vargas Lleras y Rodrigo Rivera y por el independiente Jaime Dussan, quienes advirtieron que el gobierno está asumiendo una posición doble: en el exterior dice defender los derechos humanos y en el interior se muestra en desacuerdo con ellos.
El controvertido artículo eleva a la calidad de delito de genocidio la muerte de miembros de organizaciones políticas.
Como las Fuerzas Militares han dicho que esta norma les provocaría procesos penales por cada una de las bajas que se produzcan en los combates contraguerilleros, el gobierno ha respaldo esa posición y pidió al Congreso que retire o modifique el artículo.
Pero el delegado de la Onu para los Derechos Humanos en Colombia, Anders Compas, dijo recientemente que esa interpretación oficial no corresponde a la realidad pues recordó que las normas de Derecho Internacional establecen claramente la diferencia entre una muerte en combate y un crímen en estado de indefensión de la víctima.
El debate continúa hoy miércoles en la Cámara Alta.