CONSTRUCTORA MEXICANA CUESTIONA MEDIDAS POR OBRAS EN COLOMBIA

La mayor constructora de México, Empresas, calificó como "arbitraria" la denuncia penal presentada el jueves por el gobierno de Bogotá ante la Fiscalía colombiana por presunto incumplimiento de contratos.
"Es esta la primera vez que en un conflicto derivado de un contrato de obra regulado por el derecho administrativo, se pretende trasladar a jurisdicción penal", dijo la constructora en un comunicado.
"Este acto arbitrario, injustificado y sin base legal alguna, resulta totalmente fuera de la competencia de un tribunal penal, como seguramente lo habrá de dictaminar la Fiscalía General de Colombia", agregó.
La denuncia en Colombia fue presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano por "unos hechos presuntamente constitutivos de delito, ocurridos durante la ejecución de los contratos de recuperación de la malla vial", según indicó en un comunicado leído a los periodistas por Andrés Camargo, director del IDU.
"La acción destinada a establecer la responsabilidad de las personas involucradas en los hechos en cuestión, busca la protección de los intereses de la ciudad y sus habitantes", agregó.
Camargo, quien dirige la entidad que planea obras civiles para el desarrollo de la capital colombiana de seis millones de habitantes, se abstuvo de revelar el monto de la demanda, argumentando que sólo hablaría del tema ante las instancias legales para evitar violar la reserva del sumario.
En tanto, Empresas ICA precisó que el IDU actuó al margen de un orden jurídico, al no reconocer que desde meses atrás, un tribunal de arbitraje constituido por tres juristas colombianos se ocupa del caso.
ICA, con oficinas centrales en la Ciudad de México, suscribió en septiembre de 1997 el contrato para la recuperación y mantenimiento de las principales calles y avenidas de Bogotá.
La mayoría de calles y avenidas de la capital colombiana presentan huecos y agrietamientos que dificultan el tráfico vehicular, lo que provoca constantes quejas de los ciudadanos.
El contrato estaba previsto para finalizar en junio de 1999 pero debido a problemas de calidad detectados por la administración de la ciudad, se extendió hasta septiembre del 2002.
Debido a los continuos incumplimientos, el IDU ha impuesto multas contra la firma por unos 57,7 millones de dólares, las cuales superan el valor del contrato aforado en 56,9 millones de dólares.