AMENAZA DE ATENTADOS DEL ELN DIFICULTA CONTACTOS CON EL GOBIERNO

La advertencia del la guerrilla del ELN rebeldes de que mantendrá el sabotaje contra el sistema eléctrico y la oposición de los paramilitares al establecimiento de una nueva área neutral dificultan los contactos del Gobierno con los rebeldes.
La amenaza de crisis ha coincidido además con la notificación de la extrema derecha de que ejecutará a diez insurgentes o simpatizantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por cada torre de transmisión de energía que los guerrilleros dinamiten.
El anuncio rebelde de que continuará con la campaña de sabotajes contra las infraestructuras energéticas desató la respuesta de los paramilitares, que ya en el pasado recurrieron al secuestro de familiares de líderes del ELN dentro de la guerra que mantienen con este grupo y también con la primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"El Gobierno, desafortunadamente, sólo escucha con dinamita y fusiles", afirmó el jueves el líder máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista ("Gabino"), durante una entrevista telefónica con la cadena de radio "Caracol" en Bogotá.
El sucesor del fallecido ex cura español Manuel Pérez ("Poliarco") en la jefatura del grupo insurgente ratificó así su oposición al programa de privatización de empresas públicas, que alcanza al sector eléctrico.
La continuidad de la campaña contra las infraestructuras de electricidad fue asimismo explicada por Rodríguez como una presión al Gobierno para que establezca una zona de distensión que permita al ELN poner en marcha una agenda de paz que está en suspenso desde hace un año.
La resistencia oficial a la creación de un área neutral similar a la concedida a las FARC en las selvas del sur colombiano ha impedido al ELN y a asociaciones civiles celebrar la convención nacional que acordaron a mediados de 1998 durante una reunión de tres días en la ciudad alemana de Maguncia.
La gran conferencia fue prevista como punto de partida de un proceso de paz que debería continuar con la convocatoria de una asamblea constituyente y terminar con la apertura de una negociación formal con el Estado.
En respuesta a la exigencia rebelde, las Autodefensas Campesinas de Córdoda y Urabá (ACCU) comunicaron el jueves que "por ningún motivo permitiremos un nuevo Caguán" (por San Vicente del Caguán, localidad eje de la zona de distensión otorgada a las FARC).
Las ACCU surgieron en el noroeste de Colombia, constituyen el principal grupo de la extrema derecha del país y lideran la asociación paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Pero el grupo de la extrema derecha amenazó además con profundizar la guerra con el ELN en caso de que el movimiento insurgente siga con la voladura de torres eléctricas, al notificar de que por cada instalación que sea dinamitada ejecutará a diez guerrilleros o seguidores rebeldes.
Al igual que con el sector petrolero vinculado a empresas transnacionales, que en 1986 declaró como objetivo militar, el ELN mantiene desde mediados de 1999 una campaña terrorista contra el sistema nacional de interconexión eléctrica en Antioquia, departamento del noroeste que centra la más importante cadena de generación de Colombia.
Desde entonces han sido destruidas más de 250 torres, la mayoría de las cuales no han podido ser reparadas por sus operadores, las Empresas Públicas de Medellín (EPM, de la capital antioqueña) e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Esta semana, la voladura de 23 torres provocó un drástico racionamiento en el suministro de fluido, lo que afecta a más de tres millones de usuarios en cuatro departamentos.
La estatal ISA y su filial de generación ISAGEN han sido incluidas por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana dentro del programa oficial de privatización, a lo que el ELN se opone.
La Administración ha indicado que con el traspaso de estas empresas al sector privado nacional o extranjero se obtendrá dinero para financiar los gastos del Estado y la inversión social.