COMISIÓN DE CONGRESISTAS SE REUNIÓ CON LÍDERES ENCARCELADOS DEL ELN

Congresistas colombianos se reunieron durante cuatro horas con dos encarcelados dirigentes del guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), para intentar allanar el camino a la desmilitarización de una zona del norte del país, que facilite iniciar un proceso de paz con esa organización, informó uno de los legisladores.
Los congresistas se comprometieron a interceder ante los habitantes de cuatro poblados del departamento de Bolívar (costa norte), que se oponen a la desmilitarización de ese territorio para que sirva de escenario a una convención nacional, propuesta por el ELN como paso inicial de un proceso de paz.
"Nosotros hemos tenido un diálogo sincero, hemos coincidido (con los rebeldes) en que el país tiene que estar dispuesto para la paz y no pueden existir zonas vedadas", señaló el congresista Javier Cáceres, que participó en la reunión con Francisco Galán y Felipe Torres, los encarcelados miembros de la dirección nacional del ELN.
La comisión conformada por seis legisladores, encabezados por el presidente del Congreso Miguel Pinedo, acordó también enviar dos delegados para que se reunan en los próximos días en Caracas, con el tercer hombre del ELN, Pablo Beltrán.
En la reunión sostenida en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, cerca a Medellín (noroeste), los parlamentarios se comprometieron a intercerder ante los habitantes del departamento de Bolívar para que acepten el retiro de la policía y el Ejército de esa región.
El ELN considera que los cuatro municipios ubicados en las estribaciones de la serranía de San Lucas y que han sido un territorio históricamente bajo su influencia, reunen las condiciones de seguridad para adelantar los contactos con el gobierno.
Pero los habitantes de esa región se oponen a la desmilitarización y han anunciado que, en caso de producirse, podrían declarar la desobediencia civil.
Los alcaldes de la zona han dicho que sus coterráneos temen que una vez la fuerza pública abandone el territorio, puedan presentarse abusos o retaliaciones por parte de los rebeldes contra algunos de ellos.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la oficina del Defensor de Pueblo (ombudsman), han divulgado sus sospechas que ajusticiamientos de civiles han tenido lugar en otra zona del sur del país, desmilitarizada desde noviembre de 1998 para facilitar los diálogos con las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cáceres dijo que el ELN señaló que además de los territorios de la serranía de San Lucas, existen otras tres regiones del país que podrían servir para realizar los contactos.
El gobierno colombiano reanudó durante el último trimestre de 1999 los contactos con el ELN primero en Caracas y luego en La Habana, para reintentar revivir los acercamientos que se habían deteriorado según la guerrilla por la indecisión del gobierno a facilitar el territorio para adelantar los diálogos.