ALARCON APELARA LA PRISION PREVENTIVA QUE CONSIDERA POLITICA

El ex presidente Fabián Alarcón insistió hoy en apelar la orden de prisión preventiva, en medio de la sospecha de que las acciones en su contra responden a estrategias políticas para desviar a atención del país por la profunda crisis en que se encuentra.

Aunque Alarcón había anunciado que hoy apelaría a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las diligencias se han retrasado y no se ha informado de las próximas actividades del ex gobernante, quien no pudo hablar con la prensa, que le esperaba en las puertas de la cárcel.

Alarcón se entregó anoche a la Policía después de que el presidente de la CSJ, Héctor Romero, ordenara su prisión, la prohibición de salir del país y la enajenación de sus cuentas bancarias y bienes materiales en el proceso abierto contra él por una presunta contratación ilegal de personal para el Congreso cuando el ex gobernante lo dirigió.

La esposa de Alarcón, Lucía Peña, indicó que se trabaja en lo relacionado a la apelación, que se efectuará a pesar de que la etapa sumarial de la querella contra el ex gobernante aún no ha concluido.

Peña ratificó su "fe en la justicia ecuatoriana" y aseguró que "en este país puede haber una justicia real, que no se mueva por móviles políticos ni por influencias de tipo político".

"Queremos esperar y sabemos con seguridad de la inocencia de Fabián, por eso es que permanecía en este país y no se moverá", agregó.

"No sé si son las circunstancias (que vive el país), pero se sabe que cuando se presentan problemas y hay convulsiones, siempre hay víctimas, espero que éste no sea el caso", dijo.

"Es muy importante que, en el momento de dolor más fuerte de este país, con los problemas tan serios que estamos atravesando, no desviemos buscando chivos expiatorios a través de venganzas personales de gente enferma que nunca ha podido seguir adelante", insistió.

El ex presidente interino dijo telefónicamente desde la cárcel que "lo que sorprende es que (...) en momentos de convulsión nacional, ahora viene una orden de prisión de un presidente de la CSJ que llega del exterior después de tres semanas de vacaciones".

Alarcón dijo sentirse "decepcionado" de la justicia ecuatoriana, pues en la providencia de su detención no existe -a su juicio- "una sola prueba en contra ni que justifique" su arresto.

"Creo que es un hecho de retaliación (venganza) política, no rehuyo mis responsabilidades", reiteró Alarcón, que gobernó Ecuador entre febrero de 1997 y agosto de 1998, una vez que el Parlamento le designara tras haber destituido a su predecesor, el populista Abdalá Bucaram, por una supuesta "incapacidad mental para gobernar".

Respecto a la posibilidad de que con el encarcelamiento de Alarcón se pretenda distraer la atención del país, el ministro del Interior, Vladimiro Alvarez, aseguró que "el Gobierno respeta la independencia de las funciones".

Varios ecuatorianos consultados por la prensa atribuyeron la detención del ex jefe de Estado a las intenciones de abrir nuevos frentes de preocupación entre los habitantes, convulsionados por las manifestaciones contra las medidas de ajuste económico promulgadas por el Gobierno de Jamil Mahuad.

El arresto de Alarcón se produjo sorpresivamente en una semana en la que Ecuador ha vivido una huelga de los transportistas y el bloqueo de carreteras por parte de los indígenas, que se han sumado a las reclamaciones de los sindicatos y otros grupos sociales contra el Gobierno.

Romero defendió hoy la legalidad de su decisión, mientras los familiares de Alarcón le proporcionaban al reo, ante las cámaras de televisión, artículos, entre ellos un colchón, para su estancia en una pequeña celda de la cárcel.

La "cárcel número cuatro", donde se encuentra Alarcón, es un recinto policial especial alejado del antiguo penal García Moreno, el centro de reclusión más seguro del país y donde están detenidos presos muy peligrosos