CASO DE PORNOGRAFIA EN INTERNET ES AHORA DISPUTA FINANCIERA

La batalla legal sobre una nueva ley estadounidense que busca proteger a los niños del material sexual y comercial de la Internet, derivó el miércoles en una polémica sobre el rendimiento de los jugosos negocios en la red.

Más de una docena de demandantes, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), buscan cuestionar en un tribunal el Acta de Protección En Línea de los Niños.

El juez Lowell Reed, que preside las audiencias, emitió en noviembre una orden provisoria que bloquea el cumplimiento del acta aprobada por el congreso y convertida el año pasado en ley por el presidente Bill Clinton.

Pero en el inicio de la audiencia del miércoles, Reed dijo que había una nueva complicación.

El juez dijo que el departamento de Justicia, que es esta vez el demandado, pretendía divulgar en una corte información financiera confidencial sobre las compañías que operan en la Internet.

La controversial acta fue diseñada por legisladores para reemplazar el Acta de Decencia en las Comunicaciones, que la ACLU derrotó en 1997 ante la Corte Suprema.

La nueva ley impondrá castigos penales de hasta seis meses de prisión y 50.000 dólares en multas a los sitios comerciales de la Internet que divulguen conscientemente material de sexo explícito a niños menores de 17 años.

El giro de los acontecimientos forzó a la ACLU, que suele rechazar enérgicamente la censura, a solicitarle al juez que algunos tramos de la audiencia sean a puertas cerradas, para que los "secretos comerciales" de los demandantes, incluyendo a CNet, ArtNet y la revista en línea Salon, no sean divulgados al público ni a la prensa.

El gobierno "quiere exponer los secretos comerciales al público y nosotros queremos mantenerlos confidenciales. No pensamos que sea relevante", dijo el abogado de la ACLU, Christopher Hanson.

Los abogados del departamento de Justicia declinaron hacer comentarios.

Sin embargo, los bien guardados detalles financieros del negocio de la Internet podrían ser cruciales en el caso del gobierno, ya que las cifras pueden demostrar que el costo de cumplir con la nueva reglamentación no es prohibitivo, como dicen sus oponentes