¿Dónde está la plata del alcantarillado de Quibdó?

Muchos colombianos desconocían, hasta hace unos meses, para qué servía y qué eran las garantías bancarias. Estos documentos, que suelen interesar a contratistas del Estado, abogados y gerentes de bancos, pasaron a los titulares de los grandes medios en Colombia por el escándalo de Centros Poblados y el contrato de más de 1 billón de pesos con el MinTic. La Unión Temporal Centros Poblados, que controlaba desde la sombra Emilio Tapia, falsificó las garantías para lograr el desembolso de los 70 mil millones de pesos del anticipo.

Descubrimos que este delito, que no era conocido públicamente en el país, era frecuente en procesos de contratación pública. De la mano de Centros Poblados, vinieron otros casos de contratistas que, mediante garantías bancarias falsificadas, ganaron sumas enormes con entidades estatales. Hubo un caso en Cali, que involucró a Emcali, la empresa de servicios públicos de la ciudad, y los consorcios Clasificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino, también cercanos a Emilio Tapia, y que presentaron respaldos financieros falsos para ganar dos contratos por más de 6 mil millones de pesos.

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En Quibdó, en el 2017, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos somos Pazcifico le entregó, con un crédito del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, un contrato al Consorcio Epic Quibdó, para “Mejorar y ampliar el sistema de alcantarillado de Quibdó”. Esta ciudad, una de las pobres del país, no tiene un alcantarillado, ni un acueducto digno para los 130 mil habitantes. El consorcio, cuyo representante legal es Albert Alejandro Ortiz Rincón, ganó por el precio: hacían, prometieron, estas obras por 76 mil 600 millones de pesos. Debían terminarse ahora, en febrero del 2022. Pronto comenzaron los problemas.

El consorcio no conocía el terreno, no tenía la experiencia necesaria, y la obra comenzó a tener retrasos. Antes de todo esto, Epic Quibdó logró que les aprobaran un desembolso de 14 mil millones de pesos, que saldrían de los 77 mil del contrato. El Fondo somos Pazcifico, y su representante, que en este caso era la Fiduprevisora, revisó la documentación y dio su visto bueno. ¿Qué se necesitaba para que aprobara ese desembolso? Una garantía bancaria de cumplimiento y otra de anticipo. Este Consorcio, conformado por Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente, por Ingecol SA y por Echman Ingeniería Colombia, empresa brasileña, presentó las garantías del banco Colpatria, con fecha, firma y logotipo.

Las garantías eran falsas. Luis Ramón Garcés Díaz, representante legal de Scotiabank Colpatria, dice en una comunicación, el 18 de noviembre del 2020, que en los registros del banco no existe un registro de cupos o líneas de crédito a nadie con el nombre Epic Quibdó, y que los números de las supuestas garantías bancarias NO corresponden a los que utiliza el banco en ese tipo de contratos. Es decir, falsificaron un documento para ganarse 14 mil millones de pesos.

Al consorcio Epic Quibdó ya le declararon el incumplimento y le quitaron el contrato, que ya está ejecutando otra empresa, y hay al menos dos denuncias penales. Esto no es todo: Albert Alejandro Ortíz Rincón, representante legal del Consorcio, dijo en uno de los interrogatorios que él fue a una sucursal de Colpatria porque le quedaba cerca de su casa, y que por ventanilla logró que le dieran dos garantías bancarias por casi 19 mil millones de pesos.

Dos datos más: las garantías falsas estaban firmadas por Carlos Torres, gerente de una sucursal de Colpatria, que ahora vive en Canadá, y, por supuesto, no tiene nada que ver con esta historia criminal: le falsificaron la firma para presentar las dos garantías.

Los señores del consorcio contrademandaron al Estado, por 25 mil millones de pesos, porque, alegan, se demoraron en entregarles el anticipo, un anticipo que obtuvieron con un medio ilegal: dos garantías bancarias falsas.

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