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Al punto de Alejandro Santos Rubino

La difícil batalla contra los cultivos ilícitos

El ejército fue expulsado por la comunidad en Caldono, Cauca, que se opuso a la destrucción de laboratorios de coca. Ya ha pasado en varias regiones.

¿Cómo luchar contra los cultivos ilícitos y grupo ilegales si en varios territorios las comunidades se oponen?

El episodio de ayer ocurrido en Caldono, Cauca, refleja la dificultad del Estado colombiano para ejercer un control territoriales ciertas zonas del país. Los soldados no pudieron destruir laboratorios de coca que habm, ni seguir persiguiendo a las disidencias de las Farc que tienen asolada la región con violencia. Este tipo de episodios está ocurriendo en varios territorios. Lo vimos en Putumayo e Ituango donde miles de campesinos -instrumentalizados por grupos ilegales- se oposieron a la erradicación manual de cultivos ilícitos.

No es una situación fácil de resolver. No puede haber territorios vedados para el Estado y la fuerza pública pero tampoco puede haber un enfrentamiento entre los soldados y policías y las comunidades que termine en una masacre. Por estab razón la opción ha salido que el ejercito se retira mientras se dan mejores las condiciones para seguir su lucha contra el narcotrafico.

¿Qué hacer entonces? El Ejército se ve impotente...

Sí, es un reflejo de la impotencia del Estado, de la falta de Estado, y del control que ejercen los grupos ilegales en zonas plagas de cultivos ilícitos y laboratorios de coca. La Fuerza Pública, que lamentablemente es la única institucionalidad que hace presencia en estas regiones, debe resolver como cumple con su deber de perseguir a los carteles y grupos ilegales, erradica manualmente los cultivos, y lidia con estas comunidades que viven de la ilegalidad o está presionada por las organizaciones criminales.

Lo que queda claro es que sin una mayor institicionalidad y una alternativa productiva sostenible, está dura realidad nunca va a cambiar.

¿Es la asperción aérea una alternativa para resolver el problema?

Es una solución para dejar de exponer a los soldados y policías en el territorio a las minas quebranta, los francotiradores, los atentados y el enfrentamiento con las comunidades. Pero no necesariamente es una alternativa que reduzca los cultivos de coca. Hay una amplio debate sobre su efectividad y sus costos. Los cierto es que el gobierno está a punto de cumplir los seis pasos que le impuso la Corte Constitucional para poder fumigar. Y están esperando las aprobaciones finales del Consejo Nacional de Estupefacientes. Una vez se reanude la aspersión aérea, si se hace, seguramente volverán las protestas y marchas cocaleras.

Es muy lamentable que mientras en Colombia tengamos que enfrentar todos estas secuelas de violencia, ilegalidad y tensiones sociales -el eslabón más frágil y dramático de la cadena del narcotrafico- mientras en los países en desarrollo estén despenalizando el consumo de marihuana y otras drogas.

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