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A 5 años de la negociación: ¿cómo va la implementación del Acuerdo de paz?

Académicos y funcionarios del Gobierno plantearon que los cinco años son un punto definitivo para establecer el rumbo de la paz

A cinco años de la negociación: ¿cómo va la implementación del Acuerdo de paz?

A cinco años de la negociación: ¿cómo va la implementación del Acuerdo de paz?

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Hora 20: Eutanasia: ¿avance o retroceso?

En Hora 20 un programa para conocer cinco años después del fin de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc en La Habana los avances, los retrocesos y el estado de la implementación en aspectos como tierras, víctimas; enfoque de género y desde una mirada general a nivel nacional como desde la óptica internacional. Hablamos con expertos, funcionarios del gobierno y analistas para entender qué tanto ha cambiado el país en estos cinco años y los retos que quedan por delante.

Hace cinco años, el 24 de agosto del 2016 la mesa de negociación entre el gobierno nacional y la hasta entonces guerrilla de las Farc cerró oficialmente el ciclo de negociaciones que inició el 4 de septiembre del 2012 y que llevó entre altibajos y momentos críticos a redactar un acuerdo compuesto por seis puntos: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de drogas ilícitas, víctimas y, por último, implementación, verificación y refrendación.

Hoy, cuando el postconflicto avanza, el gobierno de Iván Duque bautiza el acuerdo bajo la “paz con legalidad”, se hace un balance sobre los avances, retrocesos y desafíos del acuerdo. Por un lado, está un reciente informe de la Contraloría que alerta sobre las demoras en la implementación, pues según sus cálculos los 15 años que se previeron para implementar los acuerdos, se podrían convertir en 26. De otro lado, distintos organismos de control han alertado demoras por ejemplo en el capítulo de víctimas, que tiene como antecedentes la ley de víctimas que recientemente cumplió diez años y en la que al paso actual el país se demoraría 73 años en indemnizar a las más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado.

De otro lado, hay avances como la reciente decisión de revivir las 16 curules de paz para las víctimas; la JEP camina entre imputación de cargos a exfarc por delitos como secuestro, mientras revela cifras sobre el reclutamiento de menores durante el conflicto. El gobierno, en distintos escenarios ha celebrado los avances en materia de reincorporación al extender una especie de renta básica a los casi 13 mil excombatientes; así como las 12 mil iniciativas en los 170 municipios PDET y las obras por un valor de $8,3 billones de pesos.

Lo que dicen los panelistas

Angelika Rettberg, politóloga, profesora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, señaló que el umbral de cinco años es importante para ver si el conflicto se reanuda o si la paz echa raíces para salir adelante, “no es una promesa de que la paz es sencilla, pero si aguanta cinco años, es buen augurio”. Agregó que el balance en ese periodo es agridulce, pues al tiempo que hay una desmovilización, una justicia transicional que toma decisiones y unos planes PDET que están teniendo acciones de cara a la comunidad, se siguen presentando retos como las divisiones en términos políticos del partido Comunes o unas disidencias que siguen haciendo daño.

Por último, dijo que el acuerdo no se está haciendo trizas, que está vigente y se está ejecutando, pero resaltó que la experiencia internacional demuestra que ningún tratado de paz se ha cumplido al 100 por ciento ni al pie de la letra.

Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, destacó que a cinco años del fin de las negociaciones y a tres de haber iniciado este gobierno se ha implementado la justicia transicional, “hay participación democrática de antiguos excombatientes; hay proceso para acompañar a víctimas; 13 mil excombatientes comprometidos con su paso a la civilidad y 400 mil colombianos dejaron cultivos de coca”, agregó que las críticas al gobierno persisten, pero que la realidad ha sido “tanto lo que hemos logrado en tres años, que lograr que se perciba es difícil”, afirmó.

Al finalizar, planteó que es necesario que para cuando llegue el 2022, no exista la discusión de si hemos avanzado o no, “sino quién es capaz de hacerlo mejor y seguir construyendo sobre lo construido”, concluyó.

Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, explicó que en cinco años se han generado varios hitos, “el presidente Duque focalizó esfuerzos con estrategia de siete garantías fundamentales: proyectos productivos, temas de hábitat y vivienda; acceso a tierras; atención a familias, salud, educación”. Destacó que se han hecho transformaciones fundamentales a lo pactado en el Acuerdo, como por ejemplo en lo correspondiente en los apoyos económicos.

Resaltó que hoy el 56% de los excombatientes tiene un proyecto productivo colectivo o individual, mientras que hay otros con vinculación laboral efectiva o contratistas que ayudan a facilitar reincorporación.

María Adelaida Palacio, gerente de Sisma Mujer, señaló que el último informe de GPAZ resalta que hay alertas en la implementación del Acuerdo en materia de género, “se evidencia que no se ha incorporado perspectiva para mujeres LBT y nos preocupa condiciones de seguridad de mujeres defensoras o lideresas; hay varios riesgos en su labor.” De otro lado, dijo que lo más importante es la voluntad política, pues sin esta, cree que va a ser imposible cumplir con lo plasmado en el Acuerdo.

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