¿Qué tan molesto está el gobierno con el informe de la CIDH?

En Hora20 un debate para entender la respuesta y la postura del gobierno de Iván Duque ante el duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se analizó el choque con la alcaldía de Bogotá y la respuesta sobre el cumplimiento de las recomendaciones. De otro lado, daremos una mirada a la ruta que empieza a tomar el 2022 en materia de elecciones: las candidaturas, las coaliciones y las divisiones. Por último, una opinión sobre los efectos en América Latina y el Caribe tras el asesinato al presidente de Haití.

La molestia del gobierno por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita al país para verificar el avance de las manifestaciones era de esperarse. En cuanto se hizo público el informe, la Cancillería reconoció algunos aspectos de lo plasmado por la Comisión, pero al tiempo lo calificó como falto de contrastes, negó la llegada al país de un Mecanismo de Seguimiento propuesto por el sistema; el presidente aseguró que nadie le puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad; el partido de gobierno denunció un sesgo y que en ciertos puntos el informe era un insulto a los colombianos.

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Este jueves, con el informe decantado, la polémica por la reacción aguda del gobierno continuó. Desde la Cancillería, la Defensa Jurídica del Estado y la Consejería para los Derechos Humanos se manifestó que las recomendaciones no eran de obligatorio cumplimiento y que no se podría demandar al país por no cumplir con las observaciones, asuntos sobre el cual hay un consenso, pues no acoger las recomendaciones no implica que el país desconozca lo establecido en la firma de acuerdos internacionales o viole algunas normas, pero sí faltaría a un principio de buena fe, como lo expuso ayer en este espacio el constitucionalista Rodrigo Uprimny.

Ante tal respuesta de la institucionalidad, la oposición ha tratado al presidente Duque de “dictadorzuelo” por no acogerse a las recomendaciones, o José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que calificó la respuesta de lamentable.

Lo que dicen los panelistas

Para Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC de España, no atender a las recomendaciones de la CIDH es una pérdida de oportunidad para abrir el diálogo a través de lo expuesto en el informe. Además, planteó que el gobierno le da un uso muy político al informe y con el cual cree, busca reforzar sus posiciones sobre la movilización social.

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En cuanto a la situación de las Fuerzas Militares, la violación de derechos humanos y los cuestionamientos, comentó que sí es importante hacer una revisión de la doctrina, así como de un replanteamiento del concepto de seguridad y la crisis de inteligencia, “pero decir que no hay nada politizado y que las fuerzas de seguridad son ajenas a asuntos políticos, no es cierto ni correcto”, afirmó.

Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno y excandidato a la alcaldía de Bogotá, destacó que los encontronazos entre gobierno y la Comisión son normales y que el Estado se encuentra en la legitimidad de acatarlo o no, pero que lo más importante es discutirlo y reflexionar sobre lo que plantea la CIDH. Frente al informe, comentó que una visita de cinco días difícilmente recoge lo que ha pasado en dos meses, pues resalta la idea de unificar las cifras sobre muertes, desapariciones y heridos.

En cuanto a la vinculación de 26 exmilitares colombianos con el asesinato del presidente de Haití, dijo que espera que este hecho ahora no se utilice para desprestigiar al Ejército, pero que no deja de ser lamentable que colombianos estén vinculados en una operación de ese nivel.

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Para Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador y columnista en El Tiempo, el gobierno está siguiendo la línea que ha demostrado desde el inicio, “una política exterior, de relaciones internacionales y vinculación a organismos se maneja ante todo con un criterio de política doméstica. Estamos atrapados ante una actitud donde el mundo externo no es sino un reforzamiento de las visiones e intereses políticos y electorales del gobierno” y advirtió que una administración que no hace uso político del informe, hubiera aprovechado las recomendaciones que hace la Comisión.

Frente a lo ocurrido en Haití, recalcó que desafortunadamente la capacidad de combate y entrenamiento que se le ha proveído a militares colombianos ha llevado a que sea un recurso de comercialización internacional. De otro lado, dijo que no es la primera vez que militares retirados colombianos se ven involucrados en este tipo de hechos.

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Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, comentó que desde el gobierno hay varias lecturas: la del Centro Democrático de rechazo absoluto; la del gobierno para preservar la narrativa confrontacional y la de la canciller, la cual cree puede ser la que funcione a futuro de sentarse a revisar las recomendaciones, pues sostiene que desde Washington pueden darse presiones para evitar posiciones contrarias a la radicalización del gobierno.

En cuanto al choque del gobierno con la alcaldesa de Bogotá, sostuvo que sí es el gobierno el encargado de aceptar la llegada de una comisión. Destacó del informe que se debe reformar la figura del “traslado por protección” y que sería interesante poner a andar un mecanismo de protección a las víctimas.