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Informe de la CIDH: ¿cuál es el alcance de las recomendaciones?

Panelistas consideran que informe es preciso en plantear los distintos ángulos de la protesta; para otros, hace falta mayor énfasis en las bandas.

En Hora20 un debate para analizar el alcance que ha tenido el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de la visita entre el 8 y 10 de junio en el marco de las manifestaciones del paro nacional. Con el debate sobre lo que viene después del informe; de la respuesta del presidente Duque y del Gobierno, así como de las consecuencias que tendrá esa respuesta en las calles.

“La Comisión ha podido constatar que, en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”, fueron algunas de las expresiones que utilizó la comisionada Antonia Urrejola para resumir el informe de 48 páginas y 187 puntos, fruto de la visita entre el 8 y el 10 de junio en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó, estudió y expuso sus recomendaciones al Estado sobre las jornadas de protesta social en el país.

Desde un clima de polarización, pasando por el reconocimiento del papel de organizaciones criminales en el aprovechamiento del desorden, la Comisión planteó que hay una discriminación estructural, una condición de estigmatización al manifestante; un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía. Así como la evidencia de obstáculos para ejercer el derecho a la protesta, una crítica a la inconsistencia en las cifras y las alertas encendidas por las posibles irregularidades en la figura de “traslado por protección”, atado al informe, en 41 puntos la Comisión hace una serie de recomendaciones al Estado como “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”, separar la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa; garantizar que casos de abuso en el ejercicio de las funciones sean investigados por la justicia ordinaria; o propuestas como evitar los discursos estigmatizadores para reducir la discriminación y recomendar al Estado mayor sistematicidad en las cifras. Como último punto, anuncia que se instalará un Mecanismo de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para monitorear el desarrollo de la movilización social en el país.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista en El Tiempo y creadora del podcast Buceando en el Naufragio, planteó que en el informe se incluyen versiones de todos los lados; “están las del gobierno, las de miembros de sociedad civil, de personas afectadas. Se incluyen todos los componentes que tuvieron lugar durante los días de protesta”, por lo que aseguró que el gobierno debe tomar más en cuenta que realmente la Comisión sugiere hojas de ruta y alternativas de solución.

De otro lado, advirtió que nada de lo que está escrito en el informe sobrepasa los compromisos que ya tiene Colombia en materia de derechos humanos a nivel internacional.

Por último, afirmó que el punto central del informe es que se tiene que hacer de la protesta un espacio de participación política viable para todo el mundo.

Para Juan Lozano, abogado, periodista, exministro, exsenador y columnista en El Tiempo, se hizo un trabajo cuidadoso en el que cree, quedó desvirtuada la idea de que se escucharía un solo sector de la protesta. Pero advierte que, a pesar de hacer un trabajo de buena fe, “falla en la comprensión de un tema esencial para comprender esta tragedia. Aciertan en reconocer razones legítimas para protestar, pero hay elementos de fuerzas criminales asociadas a disidencias o ELN en el marco de las manifestaciones”.

Rodrigo Uprimny, abogado, profesor universitario, investigador de DeJusticia y columnista en El Espectador, definió el informe como un documento serio y equilibrado que se hace con estándares de derechos humanos, en el que se caracteriza la situación que vive el país. Agrega, que es tan equilibrado que no afirma la presencia de una sistematicidad en los abusos, así como tampoco crea instancias con expertos independientes para investigar y esclarecer los hechos ocurridos durante el paro

De cara a la reacción del gobierno, comentó que es inapropiada, pues recuerda que la Comisión no se inventó un estándar para Colombia, “se utilizó un informe de 2018 o 2019 sobre “protesta y derechos humanos”, ahí se establecieron estándares”, afirmó.

Con otra posición, Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, destacó que el informe sí es sesgado, ya que afirma que la delegada Pulido debió declararse impedida al ser colombiana y estar vinculada con sectores políticos del país. Destacó que el informe tiene aportes interesantes como el fortalecimiento del diálogo y de la marcha pacífica, pero que en el diagnóstico se equivoca, así como en las recomendaciones.

Frente al polémico pronunciamiento de la CIDH sobre bloqueos, apunto que no puede ser que ahora digan que “quitarle derechos fundamentales a la mayoría de los ciudadanos es algo de aplaudir ¿cómo legitiman bloqueos violentos que han llevado al desabastecimiento?”, se preguntó.

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