¿Cuál debe ser la acción del Estado de cara a los menores reclutados?

En Hora 20 un debate para analizar y entender a fondo una polémica sobre las declaraciones del ministro de Defensa a raíz de una denuncia en la que presuntamente 14 menores murieron en un bombardeo contra las disidencias de las Farc. También una mirada a una propuesta que empieza a tener lobby: la que consiste en la posibilidad de extender por dos años más el mandato del presidente Iván Duque.

Una denuncia, duras declaraciones de un ministro y un nuevo debate sobre el Derecho Internacional Humanitario y la legislación colombiana sobre el reclutamiento forzado a menores de edad se ha vuelto a abrir por cuenta de una denuncia que hizo este martes en el noche el periodista y exconcejal Hollman Morris, pues aseguró que según fuentes locales en el Guaviare, 12 menores de edad habrían muerto en un bombardeo que realizaron las Fuerzas Militares en la vereda Buenos Aires, en el municipio de Calamar en Guaviare. A esta denuncia se sumó el senador Roy Barreras al asegurar que 12 jóvenes de la zona estaban desaparecidos y que el menos cuatro de ellos eran víctimas del bombardeo que se realizó el pasado 2 de marzo en contra de una de las estructuras de Gentil Duarte, cabeza de una de las disidencias de las Farc.

Al paso de estas denuncias, el ministro de Defensa, Diego Molano explicó algunos asuntos, pero levantó polémica sobre otros. Aseguró que todos los procedimientos que se hacen desde las Fuerzas Armadas cumplen con la protección de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitaria; sostuvo que era una operación legítima contra las disidencias y que será Medicina Legal quien dictamine si alguna de las 12 personas que murieron en el bombardeo eran menores de edad, no obstante, sí confirmó que, tras el ataque, se capturaron dos menores de edad que fueron dispuestos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Hasta este punto, las declaraciones del ministro fueron bien recibidas por la ciudadanía. Sin embargo, aseguró que estas disidencias reclutan a los menores de edad y los vuelve “máquinas de guerra”, repitiéndolo varias veces en las distintas entrevistas que dio durante esta mañana.

Lo que dicen los panelistas

Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, las guerrillas tienen muy bien analizado el punto de reclutar menores y son conscientes de los delitos que están cometiendo, pero al mismo tiempo dijo que el ministro se apresuró con su apreciación y que quizás quiso decir que los menores son utilizados como escudo por parte de los grupos ilegales. Agregó que así los menores estén reclutados tengan o no uniforme de un grupo criminal, el Estado debe protegerlos, lo que cree representa un reto para contener la insurgencia.

Consideró un despropósito democrático el aumento del periodo presidencial, pues explicó que fue elegido por cuatro años y que el hecho de quedarse un solo día más es suficiente para ser ilegítimo. “Eso es un golpe de Estado, es permanecer ilegítimamente por encima del periodo por el cual fue elegido”, concluyó.

Claudia Dangond, abogada, profesora universitaria y columnista, se apartó de la apreciación del ministro y aclaró que tal vez los menores son usados como instrumentos en medio del conflicto, pero que no son “máquinas de guerra”. Sostuvo que la acción del Estado debe estar centrada en garantizar el acceso a derechos y oportunidades a los niños, niñas y adolescentes para evitar que caigan en manos de los grupos ilegales, lo cual comenta que debe estar acompañado de una acción de inteligencia militar la cual evite que menores caigan en combates.

Planteó que es inconveniente la idea de aumentar el periodo presidencial principalmente porque se tiene que revisar por completo la constitución para que no se afecte el sistema de pesos y contrapesos con la elección de otros funcionarios como Procurador General o Fiscal General.

Alejandro Eder, experto en asuntos de seguridad y resolución de conflictos y excandidato a la alcaldía de Cali, criticó que el enfoque de la discusión durante esta polémica haya estado centrado en las declaraciones del ministro de Defensa y no en entender que el reclutamiento de menores es un problema de tiempo atrás y en el que cree que los actores ilegales son los principales responsables de lo que ocurra; después el Estado que no ofrece oportunidades a los menores y por último la sociedad civil.

Calificó como poco serio y antidemocrático la propuesta de extender el periodo presidencial, pues dice que es un despropósito unir mandatos tanto de alcaldes como de presidente, ya que cree que en el sistema actual mientras algunos están empezando, el presidente o los alcaldes ya tienen un conocimiento de política pública.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista, comentó que lo relacionado con el bombardeo lleva a pensar que hay una doctrina militar en el ejército en la que la interpretación del DIH es limitada y que en ocasiones no se cumplen principios como el de proporcionalidad o distinción. También dijo que esta situación denota el desconocimiento del ministro de Defensa en materia de derechos.

Comentó que la propuesta de extender mandatos es música para los oídos de algunos congresistas que no tendrían que hacer campaña y asegurarían su curul por dos años más, diciendo por último que es inconstitucional e inconveniente.

En “El contrapunteo” se discutió sobre las declaraciones del Ministro de Defensa y la situación de los menores en la guerra. Santiago Valencia, senador del partido Centro Democrático, comentó que el único responsable por la suerte del menor es de quien lo recluta, “es un delito de lesa humanidad, el DIH ampara cuando estos menores están en los campamentos y así lo decía el ministro, que cuando los menores reclutados han sido entrenados, la acción legítima de la fuerza del Estado los pude atacar. Por otro lado, Néstor Rosanía, analista y director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, advirtió que es claro que hay protección desde derecho internacional a los menores y recalcó que el Estado tiene que velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, “los derechos de ellos priman sobre los demás”, aseguró. También criticó y dijo que un ministro que salga a tratar a estas víctimas como máquinas de guerra, va en contra del sistema de protección a los menores. Por último, explicó que siempre se debe cumplir con tres principios: el de distinción, proporcionalidad y precaución para tomar decisiones en términos militares, “si hay niños en campamentos no se debe bombardear, la misión es rescatarlo”, concluyó.