Europa condena a los inmigrantes

Antonio Albiñana de España, Laura Gil de Uruguay, Fernando Cvitanic de Chile y Laura Gil de Uruguay debaten sobre la polémica ley de inmigración aprobada por los 27 Gobiernos de la Unión Europea.

Esa norma, que entrará en vigor dentro de dos años, establece unos criterios mínimos comunes en los países de la UE sobre cómo tratar a los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en territorio comunitario.

Por ejemplo, nueve países de la UE no tienen actualmente límites al internamiento forzoso de indocumentados, que pueden quedar retenidos de forma indefinida, y la nueva legislación fija un período máximo (de seis meses, ampliables a 18 en casos de problemas de identificación).

La Unión Europea insiste también en que esas medidas garantizan unos derechos mínimos, y que los países que quieran puedan adoptar medidas con más garantías (como las que tiene España).

Sin embargo, tanto dentro de la UE (grupos de derechos humanos, partidos de izquierda u organizaciones de juristas) como fuera (sobre todo países de Latinoamérica y Africa) han criticado algunas de las medidas de la directiva.

Los puntos más criticados son el elevado período máximo de retención, la posibilidad de que los menores no acompañados puedan ser devueltos a los países desde los que llegaron a suelo europeo, y no necesariamente a los de origen y el alcance de la supervisión judicial de las retenciones forzosas.

Tras la aprobación de la norma en el Parlamento Europeo el miércoles, prácticamente todos los Gobiernos de Latinoamérica manifestaron críticas o preocupación, e incluso el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, dijo que la legislación incluye medidas "pueden producir grandes injusticias".

La reacción más severa vino del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien dijo este jueves que su Gobierno revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva.

Chávez, en una rueda de prensa conjunta con el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, calificó de "indignante" la medida, a la que llamó "directiva del bochorno", y dijo también que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, consideró hoy que esa reacción fue "totalmente desproporcionada".

En el texto de conclusiones, el Consejo Europeo "se felicita" por la aprobación de la directiva de retorno de irregulares y reitera que "hace falta una política efectiva de retorno y readmisión".

Para ello, los líderes de la UE apuestan por la inmigración legal y con garantías, además de por lograr más acuerdos de retorno de los inmigrantes irregulares con los países de origen.

La cumbre pide que se acelere el proceso de decisión de varias normas actualmente en discusión para promover la llegada de inmigrantes legales y las sanciones a quienes den trabajo ilegal o abusen de los indocumentados.

La UE insistió hoy en que "en los próximos meses habrá que dedicarse a intensificar los esfuerzos" en la cooperación con países terceros en todos estos ámbitos.