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Contraloría escuchará en audiencias verbales a 40 funcionarios y ex funcionarios por irregularidades

Por la sala de audiencia de la Contraloría General de la República, empezarán a rendir explicaciones a partir de enero de 2012, cerca de 40 funcionarios y ex funcionarios y al menos 46 firmas contratistas, entre ellas las empresas del Grupo Nule, implicadas en procesos de responsabilidad fiscal.

(Thot)

Por la sala de audiencia de la Contraloría General de la República, empezarán a rendir explicaciones a partir de enero de 2012, cerca de 40 funcionarios y ex funcionarios y al menos 46 firmas contratistas, entre ellas las empresas del Grupo Nule, implicadas en procesos de responsabilidad fiscal.

Según el ente de control, en las audiencias, que se realizarán bajo el esquema oral y abreviado, se escucharán entre otros al ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía y el gobernador electo de ese departamento, Héctor Fabio Useche, por el presunto detrimento patrimonial de $107.000 millones ocasionado a la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tendrá que responder en juicio fiscal por el presunto detrimento patrimonial de $35.227 millones de pesos en la construcción de la doble calzada Bogotá – Girardot.

En la misma audiencia también se escuchará al ex director del Inco Álvaro Soto, el subdirector de esa entidad Julio Garcés, el supervisor de la obra Álvaro Escalante y los empresarios Miguel, Guido y Manuel Nule.

En la lista también figuran los ex alcaldes de Bogotá Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno, la ex directora del IDU, Liliana Pardo y 13 funcionarios más de esa entidad, lo mismo que los empresarios del llamado Grupo Nule, a quienes la Contraloría les imputará cargos por un presunto detrimento patrimonial de $226.586 millones de pesos por las obras de la Fase III de Transmilenio por la calle 26.

Cerrando la lista se encuentra el gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier y ocho funcionarios más de la administración departamental por un presunto detrimento patrimonial que superaría los $2.000 millones de pesos, por la firma de contratos de obra que serían ejecutados con recursos de regalías directas.

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