La inteligencia del país está a punto de sufrir un revolcón
La W conoció que la institución que más ha avanzado en este frente de trabajo es la Procuraduría General de la Nación. Esa institución está a punto de presentar un proyecto, que determina los protocolos que deberían seguir los organismos de inteligencia del Estado, para depurar esas bases de datos del DAS, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
Diferentes instituciones trabajan en una reforma integral a los sistemas de inteligencia. A pesar de la admiración que genera en países vecinos por innumerables casos de operaciones exitosas, a esos sistemas les hace falta una depuración porque hay millones de datos en las diferentes centrales (Dijín, Dipol, Sijín, Das, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, en fin) que aún no han sido verificados. Después de muchos años sigue habiendo anotaciones de inteligencia policial o militar que aún no han sido probadas o descartadas.
La W conoció que la institución que más ha avanzado en este frente de trabajo es la Procuraduría General de la Nación. Esa institución está a punto de presentar un proyecto, que determina los protocolos que deberían seguir los organismos de inteligencia del Estado, para depurar esas bases de datos del DAS, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
El proyecto, cuyo borrador ya está siendo analizado entre el Ministerio Público y el Gobierno Nacional, busca sacar de los archivos de esos organismos los datos de personas que no se les haya efectuado el proceso de inteligencia o verificación, es decir, confirmar por diferentes medios la información entregada a los agentes de inteligencia por informantes, fuentes técnicas y cooperación internacional.
La meta fundamental es evitar abusos por parte de personas que puedan conocer datos de inteligencia, informo una fuente consultada por W Radio. En los nuevos protocolos para el manejo de información clasificada de inteligencia no estaría incluida la información estratégica del Estado, ni datos que tengan que ver con la seguridad nacional.
El proyecto fue elaborado por la Procuraduría General de la Nación, ante las recomendaciones hechas en diferentes oportunidades por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, hay una preocupación de la esa oficina sobre la veracidad y vigencia de la información de inteligencia que el Estado tiene en millones de fichas y carpetas –para decirlo coloquialmente- sobre la ocurrencia de delitos penales. Este proyecto, de ser aprobado, otorgaría a la Procuraduría la facultad para hacer esa verificación en los archivos de inteligencia y en consecuencia evitar que esa información se traduzca en violaciones de derechos humanos por parte agentes del Estado.
