El Fuero Militar fue aprobado en el Congreso
El acto legislativo prevé la creación de un Tribunal para que conozca cada caso y dirima conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y y la penal militar.
(Thot)
El acto legislativo prevé la creación de un Tribunal de Garantías para que conozca cada caso y dirima "los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar".
Este tribunal estará integrado por ocho magistrados, de los que cuatro serían miembros de la fuerza pública en retiro y el resto hombres de leyes, elegidos por el presidente de la República a partir de una terna.
Además, una oficina técnica, adscrita al Ministerio de Defensa, pondrá abogados a disposición de esos militares. Tras discusiones de más de siete horas, la reforma recibió 54 votos a favor y cinco en contra.
Hasta este momento, el texto contempla que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Los delitos que quedarían en manos de la justicia castrense serían "las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública", según el texto del proyecto.
Según lo aprobado, la Fiscalía General de la Nación contará, en coordinación con la Justicia Penal Militar, con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública.
Este tribunal estará integrado por ocho magistrados, de los que cuatro serían miembros de la fuerza pública en retiro y el resto hombres de leyes, elegidos por el presidente de la República a partir de una terna.
Además, una oficina técnica, adscrita al Ministerio de Defensa, pondrá abogados a disposición de esos militares. Tras discusiones de más de siete horas, la reforma recibió 54 votos a favor y cinco en contra.
Hasta este momento, el texto contempla que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Los delitos que quedarían en manos de la justicia castrense serían "las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública", según el texto del proyecto.
Según lo aprobado, la Fiscalía General de la Nación contará, en coordinación con la Justicia Penal Militar, con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública.
