EE.UU certifica esfuerzos de Colombia para garantizar cumplimiento de los derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó los esfuerzos del Gobierno colombiano en la protección de los derechos humanos según lo afirma el documento entregado al Congreso.

"Durante el periodo de certificación, el Gobierno colombiano tomó una serie de pasos importantes para mejorar el respeto a los derechos humanos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en el país en general. Además, ha fortalecido los esfuerzos para desmantelar a grupos armados ilegales, y firmado leyes que endurecen las penas para los delitos contra activistas de derechos humanos”, indicó a través de un comunicado.

La certificación permitirá al Congreso de Estados Unidos entregar los fondos completos solicitados por la Casa Blanca para las Fuerzas Armadas de Colombia.

El documento resalta que bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos se han dado pasos significativos para proteger los derechos humanos en Colombia, haciendo énfasis en la ley de víctimas, aunque resalta que la labor continúa y que se debe hacer aún más, especialmente para aquellas personas que buscan recuperar sus tierras.

Desde que llegó al poder en agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos ha "firmado un nuevo Código Penal Militar, facilitado el nombramiento de una fiscal general tras un vacío de 16 meses y ha apoyado los esfuerzos contra la corrupción de las autoridades judiciales", asegura el Departamento de Estado.

Además, ha "fortalecido los esfuerzos para desmantelar a grupos armados ilegales, y firmado leyes que endurecen las penas para los delitos contra activistas de derechos humanos", entre otros pasos.

Sin embargo, los ataques a ese colectivo siguen produciéndose y a medida que el Gobierno colombiano ha avanzado en su política de restitución de las tierras usurpadas por culpa de la violencia, "las bandas criminales se han enfocado en los activistas" de esa área, de los cuales "más de una docena" han resultado muertos este año.

Las organizaciones no gubernamentales del país siguen denunciando que "el Gobierno no está protegiendo eficazmente a los activistas", y abogan por "una estrategia de seguridad integral que permita la implementación efectiva de la Ley de Tierras sin violencia".

La nueva fiscal general, Viviane Morales, "se ha comprometido a mejorar la administración de justicia y ocuparse del trabajo atrasado en casos pendientes de derechos humanos", asegura el Gobierno estadounidense.

Entre ellos, hay "alrededor de 1.500" presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Washington pidió al Gobierno colombiano que apoye a Morales en su cometido "con los recursos apropiados y una determinación política clara".

Por su parte, las Fuerzas Armadas -tanto militares como policía- deben "centrarse en el largo proceso de construir una cultura de derechos humanos dentro de sus instituciones".

En concreto, Washington llama a restaurar la confianza "en aquellas comunidades más afectadas por el conflicto", donde "persisten las alegaciones de connivencia" entre las fuerzas oficiales y los grupos criminales.

Además de determinar los fondos aportados a las Fuerzas Armadas colombianas, el respeto a los derechos humanos puede ser un factor determinante en el progreso del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., tras el plan de acción suscrito el pasado abril entre Santos y el presidente estadounidense, Barack Obama.