Defensoría solicita investigación especial por muerte de campesinos en Tumaco

Testimonios recogidos en la zona de los hechos, por una comisión humanitaria encabezada por el vicedefensor del Pueblo, permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas.

Los campesinos niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque y el lanzamiento de armas no convencionales como “tatucos” o cilindros bombas.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamentó los hechos ocurridos el jueves 5 de octubre de 2017, en el marco de protestas por actividades de erradicación manual forzada, donde se registró la muerte violenta de al menos seis (6) personas, entre ellas, dos comuneros del pueblo indígena Awá, por disparos de arma de fuego. Además, 20 personas resultaron heridas. 

La Defensoría del Pueblo, de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas.

Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios. 

Debido a la gravedad de los hechos y a las versiones contradictorias que circularon por los medios de comunicación, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria encabezada por el  vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y el director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo Valencia, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas de ese crimen.

El viernes 6 de octubre, la misión defensorial de alto nivel se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), para acompañar a la población civil afectada y hacer presencia en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho violento.

En dicho territorio se sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, como también se hizo verificación en el terreno donde se suscitaron los hechos. Al respecto, la misión defensorial acopió la siguiente información:

- Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS.

- En la movilización participaban cerca de 1.500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se había instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional.

- Los manifestantes, que provenían de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, y algunos hacían parte del pueblo indígena Awá, aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos. 

- Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las Farc) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados “tatucos”, contrario a lo informado por las autoridades.

- La versión de la comunidad descarta la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos. 

- En la visita realizada a la zona, la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas,  entre otros.