Contraloría es competente para adelantar investigaciones a organismos internacionales
Esta posición fue ratificada en una sentencia del Consejo de Estado. De esta manera, califica como descomedida la solicitud del Iica a la Cancillería colombiana.
Sector agrícola. Foto: Colprensa.(Thot)
La Contraloría General de la República en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, es competente para adelantar investigaciones fiscales contra organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, Iica, pues la naturaleza jurídica de esa entidad no impide que se establezca si la inversión de los recursos públicos se ajustó a los principios de la gestión fiscal.
Así lo precisó el ente de control al llamar la atención sobre una comunicación del pasado 25 de julio dirigida a la canciller, María Ángela Holguín, por el representante legal para Colombia del Iica, Luis Alberto Condines Seaone.
En esta afirma que la Contraloría General desconoce el acuerdo básico del 26 de septiembre de 1967 suscrito entre Colombia y el Iica, y que extralimita sus funciones a través de las actuaciones que adelanta dentro de los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales está vinculado el Iica, no obstante gozar de "Inmunidad Diplomática".
El representante del Iica en Colombia sostiene que esta decisión unilateral de la Contraloría no es armónica con los estrechos vínculos diplomáticos y políticos que Colombia tiene con este0 instituto y con los 33 Estados Miembros que lo componen, a los cuales -dice- tendrán que informar de las dificultades e imposibilidad de operar en este país ante la falta de garantías para el cumplimiento del acuerdo básico.
Al respecto, la contralora general, Sandra Morelli Rico, debe precisar que de asistirle la razón al señor representante del Iica- que no la tiene - cuando envía una copia de una misiva irrespetuosa para con el Estado colombiano, desconocedora del orden jurídico nacional e internacional, amenazante y coercitiva, tendría la Contraloría General de la República que concluir, que todas y cada una de las veces que el Estado colombiano le entregue recursos para su administración a organismos internacionales como el Iica, el Convenio Andrés Bello, o el PNUD, entre otros, estamos necesariamente decidiendo que estos recursos públicos podrán ser objeto de cualquier tipo de manejo probo sin control de ninguna autoridad nacional, porque no estaría limitada su supuesta inmunidad a ser reivindicada solamente frente a la CGR sino que obviamente tendría que ver con las demás entidades del Estado.
La posición del representante del Iica en Colombia realmente lo que lleva es a la conclusión de que en adelante cualquier servidor público apegado a la ley y comprometido con el manejo transparente de los recursos, opte por descartar cualquier tipo de convenio de administración por conducto de las varias organizaciones internacionales que trabajan con Colombia.
Lo importante es recordar que el administrador de recursos asume una serie de responsabilidades y que al causarse un daño al patrimonio del Estado, serán sus recursos propios los destinados a la respectiva reparación.
Finalmente sí valdría la pena que la canciller aclare lo de las inmunidades.
En caso de aceptarse la tesis de la inmunidad absoluta de estos organismos, la CGR tendría que hacer una advertencia para que se den por terminados inmediatamente todos esos convenios ejecutados con recursos del Estado Colombiano, porque si las autoridades colombianas no son competentes para investigar este tipo de hechos, se debe decidir a quién le corresponde, so pena de estar generando impunidad.
La Contraloría General de la República sí esperaría que en lugar de dejarse intimidar por una comunicación tan descomedida, actuemos como un Estado que fue víctima de una defraudación que en la actualidad la CGR esta investigado, en la que una organización tan importante como el Iica se prestó presuntamente de vehículo para realizarla, de buena o mala fe, lo que está por establecerse en las investigaciones en curso.
Autor: Freddy Gómez
Así lo precisó el ente de control al llamar la atención sobre una comunicación del pasado 25 de julio dirigida a la canciller, María Ángela Holguín, por el representante legal para Colombia del Iica, Luis Alberto Condines Seaone.
En esta afirma que la Contraloría General desconoce el acuerdo básico del 26 de septiembre de 1967 suscrito entre Colombia y el Iica, y que extralimita sus funciones a través de las actuaciones que adelanta dentro de los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales está vinculado el Iica, no obstante gozar de "Inmunidad Diplomática".
El representante del Iica en Colombia sostiene que esta decisión unilateral de la Contraloría no es armónica con los estrechos vínculos diplomáticos y políticos que Colombia tiene con este0 instituto y con los 33 Estados Miembros que lo componen, a los cuales -dice- tendrán que informar de las dificultades e imposibilidad de operar en este país ante la falta de garantías para el cumplimiento del acuerdo básico.
Al respecto, la contralora general, Sandra Morelli Rico, debe precisar que de asistirle la razón al señor representante del Iica- que no la tiene - cuando envía una copia de una misiva irrespetuosa para con el Estado colombiano, desconocedora del orden jurídico nacional e internacional, amenazante y coercitiva, tendría la Contraloría General de la República que concluir, que todas y cada una de las veces que el Estado colombiano le entregue recursos para su administración a organismos internacionales como el Iica, el Convenio Andrés Bello, o el PNUD, entre otros, estamos necesariamente decidiendo que estos recursos públicos podrán ser objeto de cualquier tipo de manejo probo sin control de ninguna autoridad nacional, porque no estaría limitada su supuesta inmunidad a ser reivindicada solamente frente a la CGR sino que obviamente tendría que ver con las demás entidades del Estado.
La posición del representante del Iica en Colombia realmente lo que lleva es a la conclusión de que en adelante cualquier servidor público apegado a la ley y comprometido con el manejo transparente de los recursos, opte por descartar cualquier tipo de convenio de administración por conducto de las varias organizaciones internacionales que trabajan con Colombia.
Lo importante es recordar que el administrador de recursos asume una serie de responsabilidades y que al causarse un daño al patrimonio del Estado, serán sus recursos propios los destinados a la respectiva reparación.
Finalmente sí valdría la pena que la canciller aclare lo de las inmunidades.
En caso de aceptarse la tesis de la inmunidad absoluta de estos organismos, la CGR tendría que hacer una advertencia para que se den por terminados inmediatamente todos esos convenios ejecutados con recursos del Estado Colombiano, porque si las autoridades colombianas no son competentes para investigar este tipo de hechos, se debe decidir a quién le corresponde, so pena de estar generando impunidad.
La Contraloría General de la República sí esperaría que en lugar de dejarse intimidar por una comunicación tan descomedida, actuemos como un Estado que fue víctima de una defraudación que en la actualidad la CGR esta investigado, en la que una organización tan importante como el Iica se prestó presuntamente de vehículo para realizarla, de buena o mala fe, lo que está por establecerse en las investigaciones en curso.
Autor: Freddy Gómez
