Construcción en el departamento del Quindío se convirtió en un cartel de curadores

El POT de Quindío, que tiene una vigencia hasta 2023, fue demandado por el procurador Ambiental de Armenia, Carlos Arrieta, argumentando que varios de sus artículos fueron expedidos violando normas en las que deberían basarse y son los que hoy le permiten a los constructores no respetar los cuerpos hídricos.

Esta situación podría convertirse en una bomba de tiempo, con consecuencias similares o peores a lo ocurrido en Cartagena con el edificio Blas de Lezo, ya que también se habla de una mafia detrás de la construcción en el departamento.

Varias fuentes del departamento consultadas por La W afirmaron que los curadores entregan licencias a los constructores que mejor paguen por ellas, sin tener en cuenta los requisitos, esto se ha convertido en un “cartel de curadores”.

Armenia tiene aproximadamente 52 fuentes hídricas distribuidas por toda la ciudad, pero según las denuncias que recibió La W y lo que se pudo comprobar en el recorrido, muchos de los constructores no respetan la regla que indica que se deben construir 30 metros después de un cuerpo de agua, o que no se debe construir en áreas protegidas o donde se afecte el paisaje cultural cafetero, declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Una de las vías más afectadas por esto es la vía Centenario, donde se encontraron obras como “Entre Ríos”, una construcción de más de 50.000 millones de pesos. Y es que además de no cumplir con las normas ambientales por estar muy cerca de una quebrada, tampoco tiene licencia de construcción. Según el director de Planeación de Armenia, Carlos Alberto Mendoza, esta sí cumple con la ley e incluso el constructor ya levantó varias torres, como se podrá observar en las fotografías que ya están en nuestra página web.

Esta obra fue suspendida luego de que en una visita de la Procuraduría al departamento, la semana pasada, se advirtiera sobre el riesgo de que estas obras siguieran sin control. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, la construcción seguía su curso como si no tuviera una sanción.

Otra de las obras que llamó la atención fue la de un complejo empresarial llamado Icono, este también viola las normas ambientales y el terreno de construcción es en una pendiente, por lo que el edificio quedaría prácticamente en el aire.

El director de Planeación aseguró que esta obra cumplía con los requisitos y las licencias. Sin embargo, el director de la CRQ lo contradijo afirmando que era casi imposible construir en esas condiciones. Pero lo grave es que la obra podría continuar su curso y las entidades no se ponen de acuerdo y se delegan responsabilidades.

Otro de los proyectos en problemas es el edificio San Jenjo, de la constructora GEO Casamaestra. El proyecto tiene 20 pisos, una altura mayor a la reglamentaria y cuya licencia fue obtenida usando el decreto 064 de 2013, pagando mayor edificabilidad. Este es el último terreno que quedaba libre de una amplia zona ambiental, además de que afectará el paisaje cultural cafetero.

La Oficina de Control Urbano, que es la encargada de supervisar que las obras cumplan con todo lo requerido y no pongan en riesgo a la comunidad, al parecer no ha hecho un trabajo efectivo, ya que en Planeación Municipal aseguran que a la oficina “le faltan dientes”.