Conjueces aclaran que Presidente, Fiscal y Magistrados no pueden ser investigados por la Contraloría
La Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura aclaró que estas personas son considerados servidores públicos con fuero constitucional.
(Thot)
La Sala de Conjueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura precisó que la Contraloría no puede investigar al Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y los Magistrados de las altas cortes, porque son considerados servidores públicos con fuero constitucional.
En ese sentido, la Sala indicó que el CSJ no ha pedido a la Contraloría que se entreguen todos los expedientes de los funcionarios aforados, señalando que la contralora Sandra Morelli puede investigar a funcionarios que ejerzan gestión fiscal, en la que se tenga una disponibilidad jurídica del gasto o del presupuesto.
“En relación con el fallo proferido el pasado 29 de marzo por una Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el que se definió el conflicto de jurisdicción entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la misma providencia señala claramente quiénes son los aforados sobre los cuales la Contraloría no tiene competencia para adelantar investigaciones”, dice la carta de los conjueces.
Agrega que “en la parte considerativa de la sentencia la primera pregunta que plantea la Sala de Conjueces es precisamente ¿Cuáles son los servidores públicos aforados constitucionalmente? Y la responde señalando que son: El Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y los Magistrados de las Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; postura que fue desarrollada a lo largo de la providencia y los preceptos constitucionales en los artículos 174, 178 y 179 de la Constitución Política; artículo 341 de la Ley 5 de 1992 y artículo 180 de la Ley 270 de 1996”.
Igualmente indica el fallo que “las conductas cometidas por los servidores aforados constitucionalmente dan lugar a intervenciones de orden judicial-penal, disciplinaria o fiscal, según se desprenda de la naturaleza del hecho”.
En ese sentido, la Sala indicó que el CSJ no ha pedido a la Contraloría que se entreguen todos los expedientes de los funcionarios aforados, señalando que la contralora Sandra Morelli puede investigar a funcionarios que ejerzan gestión fiscal, en la que se tenga una disponibilidad jurídica del gasto o del presupuesto.
“En relación con el fallo proferido el pasado 29 de marzo por una Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el que se definió el conflicto de jurisdicción entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la misma providencia señala claramente quiénes son los aforados sobre los cuales la Contraloría no tiene competencia para adelantar investigaciones”, dice la carta de los conjueces.
Agrega que “en la parte considerativa de la sentencia la primera pregunta que plantea la Sala de Conjueces es precisamente ¿Cuáles son los servidores públicos aforados constitucionalmente? Y la responde señalando que son: El Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y los Magistrados de las Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; postura que fue desarrollada a lo largo de la providencia y los preceptos constitucionales en los artículos 174, 178 y 179 de la Constitución Política; artículo 341 de la Ley 5 de 1992 y artículo 180 de la Ley 270 de 1996”.
Igualmente indica el fallo que “las conductas cometidas por los servidores aforados constitucionalmente dan lugar a intervenciones de orden judicial-penal, disciplinaria o fiscal, según se desprenda de la naturaleza del hecho”.
