Alistan denuncia penal contra decreto del Gobierno de interceptación
El acto administrativo define como interceptar a los colombianos. La Academia de Pensamiento Conservador critica el hecho.
Foto: El Tiempo(Thot)
Por decreto el gobierno nacional define como interceptar a los colombianos y le pide a las empresas de telecomunicaciones que desarrollen la tecnología para hacerlo.
"La decisión resulta preocupante, teniendo en cuenta que el Ejecutivo por encima del Judicial y el Legislativo, define unilateralmente su concepto de interceptación legal y reglamenta la entrega de información y plazos en los tiempos de seguimientos", sostiene Lucas Cañas, presidente de la Academia de Pensamiento Conservador.
Por su parte el abogado y cadredrático cuestionó el procedimiento que adelantó el Gobierno para este fin, sin tener en cuenta los errores del pasado como el de las "chuzadas".
Cabe recordar que desde hace diez meses atrás el Gobierno expidió un decreto reglamentario en el que señala que la interceptación de las comunicaciones, cualquiera que sea su origen o tecnología es un mecanismo de seguridad publica qué busca optimizar la labor de mecanismos de investigación de los delitos que adelanta las autoridades y organismos competentes en el marco de la constitución y la ley.
Así mismo, el decreto que firmaron los ministros Ruth Stella Correa, de Justicia, Juan Carlos Pinzón de Defensa y Diego Molano Vega, ministro de Tecnologías de la Información, afirma que los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que desarrollen su actividad comercial en el territorio nacional deben implementar y garantizar en todo momento la infraestructura tecnología necesaria que provea de los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones.
"En este sentido, llama la atención que el decreto expedido por el Gobierno hace diez meses, no tuviera el debate que le debe corresponder a un tema que de manera directa afecta la intimidad de los colombianos y le entrega a las empresas privadas facultades para que desarrollen tecnología y a su vez puedan interceptar comunicaciones o tráfico de datos de los colombianos", aseguró.
También dijo que aún más cuando el país acababa de vivir los debates de la ley de inteligencia y contrainteligencia.
"Me preocupa y mucho lo que un partículas puede llegar a hacer con este tipo de información, se pueden constituir bandas criminales al otro lado de la legalidad, es muy preocupante que el Congreso no se pronunciará con relación al tema, suspicaz que el Gobierno no lo haya mencionado" dijo el presidente de la Academia del Pensamiento.
Cabe señalar que al parecer este decreto sería la base jurídica del plan nacional de interceptaciones y seguimientos que aparentemente adelantan los organismos de seguridad en las principales ciudades del país, lo cual sería sumamente grave teniendo en cuenta que es muy cuestionable que un decreto reglamente la ley y la constitución.
"La decisión resulta preocupante, teniendo en cuenta que el Ejecutivo por encima del Judicial y el Legislativo, define unilateralmente su concepto de interceptación legal y reglamenta la entrega de información y plazos en los tiempos de seguimientos", sostiene Lucas Cañas, presidente de la Academia de Pensamiento Conservador.
Por su parte el abogado y cadredrático cuestionó el procedimiento que adelantó el Gobierno para este fin, sin tener en cuenta los errores del pasado como el de las "chuzadas".
Cabe recordar que desde hace diez meses atrás el Gobierno expidió un decreto reglamentario en el que señala que la interceptación de las comunicaciones, cualquiera que sea su origen o tecnología es un mecanismo de seguridad publica qué busca optimizar la labor de mecanismos de investigación de los delitos que adelanta las autoridades y organismos competentes en el marco de la constitución y la ley.
Así mismo, el decreto que firmaron los ministros Ruth Stella Correa, de Justicia, Juan Carlos Pinzón de Defensa y Diego Molano Vega, ministro de Tecnologías de la Información, afirma que los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que desarrollen su actividad comercial en el territorio nacional deben implementar y garantizar en todo momento la infraestructura tecnología necesaria que provea de los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones.
"En este sentido, llama la atención que el decreto expedido por el Gobierno hace diez meses, no tuviera el debate que le debe corresponder a un tema que de manera directa afecta la intimidad de los colombianos y le entrega a las empresas privadas facultades para que desarrollen tecnología y a su vez puedan interceptar comunicaciones o tráfico de datos de los colombianos", aseguró.
También dijo que aún más cuando el país acababa de vivir los debates de la ley de inteligencia y contrainteligencia.
"Me preocupa y mucho lo que un partículas puede llegar a hacer con este tipo de información, se pueden constituir bandas criminales al otro lado de la legalidad, es muy preocupante que el Congreso no se pronunciará con relación al tema, suspicaz que el Gobierno no lo haya mencionado" dijo el presidente de la Academia del Pensamiento.
Cabe señalar que al parecer este decreto sería la base jurídica del plan nacional de interceptaciones y seguimientos que aparentemente adelantan los organismos de seguridad en las principales ciudades del país, lo cual sería sumamente grave teniendo en cuenta que es muy cuestionable que un decreto reglamente la ley y la constitución.
