Condena de edificio Space, un precedente para víctimas de los Quiroz
Según el abogado Javier Doria, esta decisión analiza la función que tienen los entes territoriales en hacer vigilancia a la actividad urbanística
Según el abogado Javier Doria, esta decisión analiza la función que tienen los entes territoriales en hacer vigilancia a la actividad urbanística(Caracol Radio Cartagena)
Cartagena de Indias
Tras conocerse la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el municipio de Medellín que ordena la indemnización integral a los propietarios del Edificio Space con una suma cercana a treinta mil millones de pesos m/cte ($30.899.992.397.oo), como consecuencia del desplome del edificio el pasado 12 de octubre del 2013, cientos de familias Cartageneras reviven la esperanza de ser indemnizados por la falta de control y vigilancia por parte del Distrito de Cartagena en los llamados edificios Quiroz.
El proceso judicial tramitado en la ciudad de Medellín tomo casi 10 años, pero al final las familias obtuvieron una decisión mediante la cual se ordenó la indemnización de los perjuicios morales y materiales recibidos, dentro de los cuales se incluyen conceptos relacionados con el valor comercial de sus apartamentos, el valor de los muebles y enceres que poseían, y los arriendos pagados como consecuencia del desalojo.
En Cartagena ya han pasado casi cinco años desde que el Distrito ordenó el desalojo de más 16 edificaciones por riesgo de colapso, y desde ese momento cientos de familias cartageneras han vivido la tragedia de quedar prácticamente en la calle.
Para el abogado Javier Doria, quien representa a un buen número de las familias afectadas “el distrito una y otra vez revictimiza a las familias, se negó a continuar pagando los arriendos, no atienden los derechos de petición, no tienen instalados servicios de vigilancia en las edificaciones desocupadas y en las contestaciones a las demandas formuladas para pedir la indemnización de perjuicios los han tratado de irresponsables, incluso manifestando que los compradores se comportaban como quien compraba una bolsa de arroz en la tienda de la esquina”.
Según el jurista, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia es un precedente importante en la medida analiza la importante función que tienen los entes territoriales en hacer control y vigilancia a la actividad urbanística en cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.
Para las familias cartageneras esta odisea inicio el 27 de abril del año 2017 cuando se produjo la caída edificio Portales de Blas De Lezo II cuya construcción era responsabilidad del denominado “Clan Quiroz”, dejando como saldo la muerte de 21 personas y otras más que resultaron heridas, abriendo la investigación sobre el riesgo inminente de desplome en el que se encuentran 16 edificios también construidos por este clan.
