En Santa Marta de 215 cámaras de seguridad solo funcionan 13

Los hechos que alteran el orden público en Santa Marta, incluyendo los delitos de alto impacto, así como cada movimiento debe ser observado constantemente por videocámaras especiales que estén instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.

Esto no ha sido posible porque de 215 cámaras de seguridad que deberían estar instaladas en el Distrito, solo funcionan 13, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera: cinco en el Parque de los Novios, cuatro en el Mercado Público y cuatro en la Bahía.

“De los componentes que integran el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, SIES, del Sistema de CCTV, a la fecha solo es posible monitorear 13 cámaras”, señaló el informe de la Policía Metropolitana de Santa Marta que fue entregado al Concejo Distrital.

Lo anterior fue corroborado y verificado a través de la oficina de telemática que es la que monitorea ese servicio.

Las autoridades policiales manifiestan que de estar en funcionamiento las cámaras, la judicialización de los responsables de homicidios y delitos de alto impacto fuera más rápida y efectiva.

Y es que los ciudadanos aseguran que el principal objetivo de las cámaras es el de mejorar las labores preventivas de seguridad pública, ya que se puede identificar las zonas donde existen mayores índices delictivos o problemas sociales.

Lo que los policías no ven, las videocámaras lo captan y trasladan a un centro de monitoreo instalado en la sala SIES.

¿QUIÉN RESPONDE POR LAS CÁMARAS SIN FUNCIÓN?

Aunque el sistema de ‘videovigilancia’ no funciona al 100%, la Policía Metropolitana hace su trabajo y ha puesto en marcha algunos planes para evitar hechos delictivos y aportar detalles sobre otros que por estrategias de prevención y seguridad no se pueden mencionar.

Ante la pregunta de por qué no funcionan el resto de cámaras de seguridad que deberían estar instaladas, la institución detalla que “es algo que debe responder los organismos distritales, ellos tienen esta responsabilidad. En el caso de la Policía es que nosotros somos el operador de este sistema”.

Finalmente, los concejales están preocupados por el posible detrimento patrimonial, debido a que cada cámara tendría un costo de 50 millones de pesos.