Mesa minera Segovia- Remedios exige garantías de seguridad para su trabajo
La gobernación de Antioquia realzó un consejo de seguridad en el municipio de Remedios y se comprometió a publicar el cartel con los más buscados.

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Antioquia
Luego de que la Mesa Minera Segovia-Remedios denunciara que mediante un panfleto presuntamente de la banda criminal Los Caparros declaró objetivo militar a Yarley Marín, Eliober Castañeda, Wladimir Roldan y Jaime Gallego, la asociación le exigió al gobierno nacional garantías de seguridad para continuar con su trabajo social y político en el territorio del Nordeste de Antioquia.
“Amenazas contra candidatos y los integrantes de la Asociación Mesa Minera por participar en política, esta situación la hemos denunciado ante las autoridades competentes para que se proteja la vida de los candidatos que hoy están amenazados, porque en muchos territorios está pasando lo mismo y no hay garantías para ejercer político de las víctimas del conflicto armado”, recalcó Yarley Erasmo Marín, representante de la Asociación y quien también está amenazado.
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Por esta situación y ante el aumento en los homicidios, amenazas e intimidaciones a la población civil, líderes sociales y la misma fuerza pública de la subregión del Nordeste, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, llegó al territorio para presidir un consejo de seguridad, allí aseguró que trabajarán en esclarecimiento de los homicidios, entre otras acciones.
“Uno de los aspectos que queremos poner de relieve es que vamos a avanzar en la edición y en la difusión de unos carteles de los más buscados, enfocando sobre todo a los miembros de las organizaciones delictivas que están cometiendo los homicidios en esta región del departamento”, detalló el mandatario.
Así mismo indicó que en conjunto con las alcaldías de la subregión se hará una inversión económica con miras en fortalecer la tecnología con fines de garantizar la seguridad de la población y que el nodo de intercomunicación será el municipio de Vegachí.
También acelerarán un plan para efectuar la captura de las personas que tienen orden judicial vigente en el territorio.




