MOE pide pronunciamiento de la Procuraduría por audio de alcalde Dau
La MOE reiteró que es necesario que el ente de control indique si hubo irregularidad por presunta actividad político-electoral del mandatario
La MOE reiteró que es necesario que el ente de control indique si hubo irregularidad por presunta actividad político-electoral del mandatario(Alcaldía de Cartagena)
Cartagena de Indias
La Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunció sobre el audio en el que se da a conocer, por cuenta de particulares, que el Alcalde de Cartagena, William Dau, presuntamente manifiesta su apoyo político e intenta incidir en que dos personas hagan parte de una lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar.
- Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/K7Jev8DgNB12yI8PU6yEU4
Para la MOE este audio suscita el pronunciamiento de la Procuraduría, con el fin de que la ciudadanía pueda conocer si la conducta evidenciada por el Alcalde contraviene lo dispuesto por la Constitución Política en su Artículo 127, inciso segundo y tercero, y el Código Único Disciplinario en su Artículo 48, numerales 39 y 40; y de igual forma, se pueda clarificar el valor de la pieza de información como material probatorio teniendo en cuenta su modo de obtención.
Pero más allá de lo que el órgano de control disciplinario conceptúe sobre este caso relacionado con participación político-electoral, la Misión de Observación Electoral recordó a gobernantes y funcionario(a)s públicos que los gobiernos son para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas.
“Por lo tanto, deben garantizar independencia de las posturas políticas o convicciones partidistas particulares, especialmente, cuando el rol tiene una condición privilegiada de influencia, acceso a recursos públicos y poder político que, quiérase o no, desequilibra la balanza de la competencia político electoral cuando se inmiscuye en forma de apoyo, incidencia o presiones”, reiteró la MOE.
La Misión de Observación Electoral dijo que es importante, además, que gobernantes y funcionario(a)s en cada decisión o conducta que pueda rozar el límite de lo legal, tengan en cuenta que, por encima de la normatividad, a veces poco específica, asiste el deber de la función pública de garantizar principios democráticos, fomentar la ética de lo público, y evitar situaciones que afecten la confianza ciudadana y la percepción de transparencia institucional.
