Alertan cobros de dinero por pasar la frontera por los puentes

Cúcuta

Este 22 de diciembre se podría dar la apertura comercial entre Norte de Santander y el estado Táchira. Desde las 8:00 am, los transportadores, que saldrán desde la Zona Franca de Cúcuta con rumbo al puente internacional Francisco de Paula Santander, esperan poder ingresar las diversas mercancías hacia el vecino país.

Sin embargo, dirigentes de oposición de Venezuela aseguran que, aunque reciben una eventual reactivación del intercambio comercial con alegría, es oportuno recalcar que aún no están dadas las condiciones y garantías para todo aquel que desee o necesite, tanto entrar como salir, de Venezuela.

Es de profunda alegría que esto se llegara a concretar, pero dentro de los parámetros legales del respeto y de responsabilidad porque vemos con profunda preocupación que esto no da garantías. Necesitamos que las Fuerzas Armadas Nacionales apostadas en los puentes internacionales, dejen tranquilos a los transeúntes”, dijo Karim Vera, coordinadora regional de primero justicia en el Táchira.

Explicó que, nada más en el puente internacional Simón Bolívar, existen tres puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Migratoria, que cobran a cada ciudadano 10 mil pesos o más en cada punto para permitirles el paso.

“Y el que no paga, queda retenido por cierto lapso de tiempo que a veces puede ser horas hasta que se vea obligado a pagar. Son ciudadanos víctimas de la denominada ‘matraca’ que allí se ejerce”, comentó.

“No hay garantías de que esto cese porque los encargados de que estas corruptelas desaparezcan son los mismos encargados de promoverlas”, aseveró.

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Cabe recordar que la frontera ha estado cerrada al paso vehicular desde el año 2015, causando una profunda depresión económica en el eje fronterizo de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña.

Indica Vera que desde los sectores de oposición han venido haciendo las denuncias pertinentes a los países aliados como Colombia, con el fin de restablecer el respeto a los derechos humanos de la población en el vecino país.