Advierten hacinamiento hasta del 1.000% en centros de detención en Bogotá

Durante una visita nocturna a las Unidades de Reacción Inmediata de Puente Aranda y Engativá y la Estación de Policía de Kennedy, en Bogotá, el defensor del pueblo Carlos Camargo, hizo un llamado a la Alcaldía para que adopte medidas urgentes para reducir el hacinamiento, que en algunos casos superar el 1.000%.

“Es inaudita la situación que se vive en los centros transitorios de detención en Bogotá y que se replica en todo el país, en donde en algunos casos evidenciamos un hacinamiento superior al 1.000%”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante una visita nocturna a varias Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la capital del país.

“La vulneración de derechos es evidente en estos lugares en los que los detenidos deberían estar máximo 36 horas, aunque en ocasiones permanecen hasta dos años. No se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación, principalmente”, dijo el Defensor del Pueblo.

Este lunes en la noche el Defensor del Pueblo, junto a un equipo de la delegada de Política Criminal y Penitenciaria, realizó una visita sorpresa a la estación de Policía de Kennedy, que reporta un hacinamiento del 1.016% y a las Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda (con un hacinamiento del 776%) y Engativá (442 %). Estos lugares, pese a tener una capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos.

“Las Estaciones de Policía y las URI están en condiciones de reclusión aún más precarias que las de la población privada de la libertad en los centros de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para que se apersone de la situación de los detenidos en estos centros, que deben ser transitorios, y avance en las medidas necesarias para la descongestión de estos lugares”, dijo Carlos Camargo.

Algunos funcionarios de la Policía Nacional inclusive han expresado su molestia referente al personal designado para custodiar a esta población, pues deben retirar unidades de sus labores de vigilancia y también porque el personal para proteger estos centros transitorios resulta insuficiente.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, más de 17.500 personas que ya han sido imputadas por algún delito y se les ha impuesto una medida de aseguramiento están en las URI y Estaciones de Policía, 1.800 están imputados hace más de un año y siguen allí y 1.743 están en esos lugares aun teniendo una condena.