Cartagena de Indias

Fallo policivo no contempla demolición: constructores de Aquarela

La Promotora Calle 47 aseguró que ejecutar la demolición sería una "actuación antijurídica" porque no existe una orden judicial que así lo establezca

La Promotora Calle 47 aseguró que ejecutar la demolición sería una "actuación antijurídica" porque no existe una orden judicial que así lo establezca /

Los constructores del polémico edificio Aquarela reunidos en el consorcio Promotora Calle 47 SAS aseguraron desconocer el convenio firmado por el Distrito de Cartagena y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres para la restitución del espacio público ordenado por un fallo policivo.

Ante el anuncio hecho por el alcalde de Cartagena, la Promotora Calle 47 informó que instauró una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos. Según ellos, “el fallo policivo fue adoptado con base en pruebas no idóneas con conclusiones equivocadas presentadas por Planeación Distrital, omitiendo los resultados del estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual concluye que el edificio se construye conforme a lo aprobado en la licencia. Actualmente la demanda de nulidad cursa en el respectivo juzgado”, aseguraron.

Los constructores de Aquarela insistieron en que el fallo policivo no contempla la demolición, sino que ordena la restitución de 24m2 de superficie, correspondiente a una pequeña parte del área del proyecto total. “Los constructores están dispuestos a restituir mediante una perfilación del edificio, lo cual es técnicamente factible, y para lo que se solicitó una modificación de la licencia de construcción, que fue negada por el mismo Distrito”, expresaron.

La Promotora sostuvo que la demolición total del proyecto por parte de las autoridades, es una actuación abiertamente antijurídica, ya que no existe una orden judicial o administrativa que establezca la demolición total de la estructura.

“La demolición de la estructura sin orden judicial conllevaría altos costos para el Distrito que tendría que asumir la reparación directa a las víctimas de este proceso, entre las que se encuentran las familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en un proyecto debidamente licenciado por las autoridades y cuyos derechos han sido desconocidos sistemáticamente por las entidades involucradas. La demanda de Reparación directa de los constructores contra el Estado se encuentra en marcha desde octubre de 2019”, explicó la constructora.

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