Santa Marta

Casos judiciales

Señalan a Eduardo Dávila como presunto determinador de asesinato de un juez

Según la Fiscalía, el empresario samario habría ordenado a un grupo criminal de la Sierra Nevada a asesinar a un juez de Santa Marta.

Señalan a Eduardo Dávila como presunto determinador de asesinato de un juez

Señalan a Eduardo Dávila como presunto determinador de asesinato de un juez / Colprensa

Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación tiene fuertes indicios de que, al parecer, el empresario samario Eduardo Dávila Armenta habría ordenado el asesinato de un juez de la República en Santa Marta, crimen ocurrido en diciembre del 2001 en esta zona del país. 

Para el ente fiscal, Dávila Armenta sería el determinador de este hecho porque según las pruebas y testimonios obtenidos, este habría financiado una red sicarial conocida como ‘Los Chamizos’, que estaba al servicio del entonces jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna, y un clan familiar conocido como ‘Los Rojas’, para que atentaran contra la vida del funcionario judicial que respondía al nombre de Javier Alfredo Cotes Laurens.

La Fiscalía menciona que, "al parecer, Dávila Armenta pidió a esta organización criminal asesinar al funcionario judicial que, en la década de los noventa, lo condenó a 10 años de prisión por tráfico de estupefacientes y pidió aplicar extinción de dominio a una de sus propiedades, ubicada en Bahía Concha". 

Las investigaciones dan cuenta de que, a cambio de favores y supuestos servicios de seguridad, el hoy procesado habría financiado la organización que asesinó a Cotes Laurens.

"Está acreditado que integrantes de ‘Los Chamizos’ participaron en el crimen. Uno de ellos llegó hasta la casa del juez especializado, en el barrio Santa Elena de Santa Marta, y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte. En ese sentido, la Fiscalía mantuvo la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Eduardo Enrique Dávila Armenta y lo acusó por el delito de homicidio agravado. Este proceso se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal)", sostuvo la Fiscalía. 

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