Cartagena de Indias

Tribunal de Arbitramento condenó al Distrito de Cartagena en caso Playetas

Los árbitros declararon que el Distrito incumplió el contrato con el Consorcio Vial Isla Barú y tendría que asumir pagos por 1.236 millones de pesos

Los árbitros declararon que el Distrito incumplió el contrato con el consorcio Vial Isla Barú /

Luego de una larga espera, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena tomó una decisión sobre el litigio que rondaba sobre obras de la segunda fase de la vía a Playetas, en la isla de Barú.

Los árbitros declararon que las obras del pedraplén protector de Playetas comprendido entre los kilómetros 17 y 19, se encuentran dentro del alcance del contrato de Concesión celebrado entre el Consorcio Vial Isla Barú y el Distrito de Cartagena.

El Tribunal de Arbitramento declaró que el Distrito de Cartagena y el Departamento de Valorización Distrital incumplieron el Contrato de Concesión VAL-02-06 de 2006.

“Lo delicado de esta situación para el distrito es que en la administración anterior de Pedrito Pereira se desconoció el contrato de concesión y su cláusula de controversias, así mismo se desconoció que existía un tribunal desde octubre de 2019. Pedrito Pereira lo que hizo fue abrir un proceso licitatorio, con la adjudicación y firma de un contrato se desconocieron los principios de contratación estatal”, aseguró Efraín Amín, representante legal del Consorcio Vial Isla Barú.

Según Amín, esta decisión del Tribunal dejaría nulo el contrato suscrito entre el Distrito y KMC, mediante el cual se le adjudicó a esa firma el segundo tramo de las obras de la vía a Playetas.

“El alcalde actual tendrá que liquidar el contrato, adicionalmente se configuran unos delitos en la administración de Pedrito Pereira de prevaricato al abrir un contrato sin requisitos legales y celebración indebida de contrato”, manifestó Efraín Amín.

El representante legal del Consorcio Vial Isla Barú, advirtió que el Distrito deberá asumir pagos por 1.236 millones de pesos. De esa parte, $757 millones es el 50% del valor que le corresponde pagar por los costos de los árbitros. El restante, es decir 479 millones, es la condena en costa decretada en la decisión del tribunal.

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