La acreditación de las víctimas se da en un proceso en el que la Jurisdicción Especial de Paz prioriza e investiga graves violaciones a los derechos humanos en la región de Urabá entre los años 1986 y 2016.

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Los hechos habrían sucedido en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública y las antiguas Farc.

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Es así como 35.210 personas se acreditaron como víctimas, entre los que hay nueve Consejos Comunitarios; 1 sindicato; tres organizaciones de campesinos; 19 comunidades afrocolombians; indígenas pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y cuatro pueblos indígenas.

Adicionalmente se han vinculado a 241 personas en servicio activo, retirados y separados del Ejército Nacional.

Además, se ha vinculado al proceso a exmiembros de las antiguas Farc como comparecientes obligados y un tercer civil que se presentó voluntariamente.

Estos resultados se dan en un proceso denominado como el ‘Caso Urabá’, cuyo proceso investigativo completa dos años.