Riesgos de EPM por las últimas decisiones del alcalde Daniel Quintero

Medellín

En un informe de 25 páginas que es presentado por funcionarios del Grupo EPM, se advierte de los riesgos de la empresa, por los últimos acontecimientos, como la solicitud de conciliación extrajudicial a las firmas contratistas para el diseño, construcción, interventoría y asegurador del proyecto Hidroituango por 9,9 billones de pesos.

Además, la renuncia de los 8 miembros de la Junta Directiva de EPM, la crisis de buen gobierno corporativo en EPM y la activación del Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias –PADEC.

En ese seguimiento se identificó la pérdida de asignación de las obligaciones de energía firme (OEF), del cargo por confiabilidad que actualmente respalda el proyecto Ituango, la reducción en la calificación de riesgos que tiene actualmente EPM y sus filiales, entrega inoportuna y a mayor costo de los proyectos de infraestructura y mejora operacional.

Dificultad para obtener la indemnización total de las pérdidas de Ituango, dificultad en el restablecimiento y ajuste de la cobertura del proyecto Ituango en cuando a su valor, cobertura de nuevas obras y extensión hasta su terminación, retrasos en la construcción y entrega de la operación de Ituango.

Los nuevos riesgos asociados por las decisiones serían la pérdida de confianza del sector reasegurador, revocatorias pólizas de directores y administradores (D&O) y dificultades en las renovaciones de las demás pólizas.

Además, pérdida de confianza y restricción de fuentes de crédito, incluidas garantías bancarias, la pérdida de confianza de los diferentes grupos de interés y otras audiencias específicas del Grupo EPM y acciones legales en contra esta empresa por parte de los tenedores de bonos, algunas de estas en probabilidades altas y otras en media, según el mismo análisis de la compañía.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la pérdida de confianza del sector reasegurador, posible revocatoria de la póliza de directores y administradores, dificultades en las renovaciones de las demás pólizas del programa de seguros del Grupo, donde las causas serían los últimos acontecimientos y los efectos sería una revocatoria unilateral de la póliza, incremento en costos en las renovaciones futuras o imposibilidad de hacer renovaciones.

Disminución de coberturas en las renovaciones futuras, demoras en la respuesta a los requerimientos de pago de honorarios y a la contratación de conceptos y peritazgos necesarios para la defensa de los siniestros que se adelantan contra funcionarios de EPM por los diferentes entes de control y la Fiscalía.

Y la pérdida de credibilidad en el mercado asegurador y reasegurador de EPM y el Grupo, que dificulte la consecuencia de mejores costos, condiciones o respaldo.

“El no contar con esta cobertura, puede desencadenar la demora en la toma de decisiones o afectación del patrimonio de las empresas y dificultades en las recuperaciones de las pérdidas”, señaló el informe.

Otro punto de preocupación alta es la pérdida de confianza y restricción de fuentes de crédito, incluidas garantías bancarias, donde los efectos serían limitación de créditos, garantías y operaciones de coberturas local e internacional, posible aceleración de alguna obligación, si se constituye en evento de incumplimiento de los clausulados, limitación de caja, afectación en el costo de oportunidad, pérdida de credibilidad en el sector financiero, incremento en los costos de financiación, endurecimiento de las condiciones financieras, exigencias de garantías reales y cuestionamientos por parte del sector financiero.

En el caso de incumplimiento del contrato con BID Invest, se activaría el cross de defaul con la deuda externa del Grupo implicando el prepago obligatorio de estas obligaciones. El total de la deuda externa de EPM a 30 de julio de este año 2020 es de un valor aproximado de 17 billones de pesos.

En Findeter aunque la tasa es cero, los efectos serían la imposibilidad de utilizar los cupos de la entidad, debido a que no se tendría la posibilidad de entregar garantías bancarias exigidas por esta entidad como consecuencia del cierre de cupos para garantías de los bancos locales. Otra es la dificultad de obtener garantías requeridas por XM y agentes del MEM para compras de energía.

Con la banca el informe advierte de cierre de cupos de créditos para cerrar todo tipo de operación, dificultad para encontrar entidades financieras que hagan operaciones de contrapartes que encarecen las operaciones y afectan los resultados financieros.

Suspensión del desembolso de Scotia Banka la empresa ENSA programada para el 14 de agosto próximo por valor de USD 9,6 millones, destinado para hacer pagos a generadores.

La totalidad de los contratos bilaterales y la compra de energía en el mercado para CaribeMar, deben garantizarse por medio de la figura de prepago. Valor aproximado de COP 500.000 millones.

Caída en el precio de los bonos en USD de alrededor de 2 puntos porcentuales, lo que implica una pérdida en el portafolio de los inversionistas de USD$27,6 millones.

Y un impacto desfavorable en general en la reputación del Grupo EPM.

La decisión que tomó el alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva de EPM, sobre las acciones legales, dificultarían según el informe la indemnización total de las pérdidas de la póliza del proyecto, porque hasta ahora se había venido con un entendimiento de la actuación, pero se está a la espera y expectativas de la posible respuesta de los contratistas:

“Si la actitud de los contratistas afecta el servicio de entrega de información o implica una suspensión del mismo, se afecta directamente la gestión del siniestro y con esto el ingreso de otros pagos.

Otra preocupación es que el avance del proyecto y su estabilización son condicionantes de la suscripción del riesgo para el mercado reasegurador y asegurador, un proyecto paralizado o con muy poco avance, lo pone en una situación que puede llevar a la imposibilidad de mantener el seguro para el proyecto.

Y a pesar de haber reprogramado la fecha de entrada del Hidroituango para marzo de 2022, se tiene incertidumbre generada por la pandemia y cuando se podrá volver a la normalidad en el ritmo de los trabajos, y por las y los posibles efectos de la solicitud de conciliación extrajudicial a las firmas contratistas por 9, 9 billones de pesos.

Algunas de las consecuencias que esto traería son multas y sanciones asociadas por incumplimiento de contratos de energía, más multas por incumplimiento a condiciones contractuales establecidas en el BOOMT, entre otras acciones legales en contra de EPM.