Por contrato irregular de más de 800 millones exalcaldesa en líos en Boyacá
Fueron imputados una ex alcaldesa, una funcionaria y un ex contratista del municipio de San José de Pare.
Por contrato irregular de más de 800 millones exalcaldesa en líos en Boyacá(Archivo Colprensa)
Tunja (Colombia)
La ejecución de un contrato del 2015 destinado al mantenimiento de tramos viales veredales, por más de 850 millones de pesos, tiene en líos con la Procuraduría General de la Nación a la ex alcaldesa de San José de Pare, Amparo Olarte Alcántar, quien fue mandataria de ese municipio para el periodo entre el (2013 y el 2015), y a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno, Nury Zulima Toro Amaya, pues el ente de control halló motivos para sospechar de presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato.
La decisión también involucra al entonces interventor del contrato, Roblin Silva Espitia.
A los investigados se les increpan posibles inconsistencias relacionadas con la falta de construcción de una alcantarilla en la vereda Guanomo, sector Jacobo Tovar, y el recibo de una obra de placa huella y filtro en la vereda San Isidro, sector El Olimpo, que no habría sido contratada.
Entre las presuntas normas transgredidas, la Procuraduría Provincial de Vélez citó el numeral primero del artículo 4 de la Ley 80 de 1994, que señala como deber de las entidades estatales exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
A la ex alcaldesa de San José de Pare, Amparo Olarte Alcántar, también se le cuestiona por presuntamente autorizar al contratista el uso de una volqueta y una retroexcavadora del municipio, para el desarrollo de actividades que estarían contempladas en el Contrato 04 de 2015, sin que al parecer el ente territorial obtuviera pago alguno.
La ex alcaldesa podría haber transgredido el artículo 398 de la Ley 599 de 2000, que establece que “el servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado (…) cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.
En esta etapa procesal las posibles faltas fueron calificadas como graves con culpa grave y gravísimas a título de dolo.
Olarte Alcantar, Toro Amaya y Silva Espitia podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
