Gobernador del Tolima fue vinculado a 3 procesos de responsabilidad fiscal

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, fue vinculado a tres procesos de responsabilidad fiscal por un total de 2.121 millones de pesos.

Carlos Felipe Córdoba, contralor general, dijo: “El gobernador Orozco, deberá explicar presuntos sobrecostos en dos contratos de kits de alimentación y aseo; y el posible pago de mayores valores en intervención innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación de campañas contra COVID-19”, afirmó el funcionario.

El contrato es el 0493 del 26 de marzo, celebrado entre la Gobernación del Tolima y León Gráficas supera los 1.000 millones de pesos, para una estrategia de comunicación durante la pandemia del COVID-19.

Dicho proceso, el mes pasado de mayo fue suspendido por el procurador Fernando Carrillo, quien manifestó: “la Procuraduría tiene en virtud de la ley la potestad de solicitar la suspensión de contratos innecesarios que no guardan ninguna relación de casualidad, con las causas de esta crisis o con los efectos de la misma”, afirmó el representante del ente de control.

Igualmente, el procurador también abrió investigación al Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y a otros 11 funcionarios del departamento.

Los anterior, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones de pesos, para atender la emergencia derivada del COVID-19.

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $1.151 millones contra el Gobernador del departamento del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N° 0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.

Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros).

La tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto ($1.151.562.41).

Además, del gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales:

- La secretaria de Salud del departamento del Tolima, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N° 0494 del 26 de marzo de 2020;

- Y la firma Sierra Pineda S.AS., representada legalmente por José Atanibal Sierra Avila, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N° 0494 del 26 de marzo de 2020.

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en este monto en la ejecución del contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Enred Group S.A.S. y cuyo objeto fue la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.

El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza).

Se habría dado un presunto mayor valor pagado de $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020.

La Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales, a:

- La secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020;

- El señor Gustavo Adolfo Castaño, en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020.

- Y la firma Enred Group S.A.S., representada legalmente por el señor César Augusto Trilleras Castro, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020.

Mediante auto No 420 del 9 de junio de 2020, la Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía preliminar de $143 millones contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, como consecuencia del daño al patrimonio del Departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el contrato 493 de 2020 suscrito con la firma León Graficas S.A.S, que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020”.

El contrato referido fue celebrado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la expansión del COVID 19 en el Departamento del Tolima.

Es de resaltar que la Contraloría encontró que la labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello.

Sin embargo, la Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55% y no se encuentran justificados.

Así mismo, la Contraloría encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones.

La cuantía por la que se abrió este proceso de responsabilidad fiscal es de $143 millones, valor que se ajustará a medida que se tenga la totalidad de la información sobre la ejecución del contrato.

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La Contraloría vinculó a :

- La secretaria de Salud, Adriana Alexandra Márquez Ramírez.

- Camilo Ernesto Valencia Agudelo, profesional universitario quien hace parte de la Secretaría Administrativa (prensa y comunicaciones) supervisor del contrato 0493 de 2020.

- Santiago Barreto Triana, secretario General y de Apoyo a la Gestión, como presidente del Comité que administra el Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima, Fometol.

- Jorge Luciano Bolívar Torres, Secretario de Inclusión Poblacional, como integrante del Comité que administra el Fometol.

- Fredy Torres Cerquera, Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, como integrante del Comité que administra el Fometol.

- Alexander Tovar González, secretario del Interior, como integrante del Comité que administra el Fometol.

- Y el Contratista, León Graficas SAS.