Magistrados de Medellín ven ineficaz la prisión perpetua contra violadores

En una carta abierta enviada al Congreso de la República, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dejaron ver su preocupación por el avance del proyecto de ley que busca imponer la prisión perpetua a los abusadores sexuales de niños.

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En el documento, los magistrados aplauden la intención de los congresistas que quieren sacar adelante el proyecto, pero advierten que son ingenuos al creer que con la imposición de la cadena perpetua los violadores dejarán de cometer este aberrante acto. En este punto hacen la claridad según la cual este delito no se comete de manera racional sino que responde a una “barbarie animalesca”.

“A esas alturas, el regocijo de quienes con buenos propósitos, pero con ostensible ingenuidad, entienden que esta reforma constitucional contribuirá a erradicar la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, seguramente tornarán inaudibles los reparos que pueden hacerse a la iniciativa desde la filosofía humanista, la criminología, la política criminal y desde el funcionamiento real de la administración de justicia penal”, explican los magistrados.

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En la carta explican que, de sancionarse esta ley, la misma podría convertirse en un búmeran que puede producir más daño del que intenta remediar, es decir, que podría disparar otros delitos como el homicidio o desaparición forzada pues el violador, considerando la pena, no querría dejar testigos.

“Autorizar la imposición de la cadena perpetua, así sea revisable y excepcional, para reprimir los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal abusivo con incapaz de resistir (…) conlleva a que los posibles delitos que adicionalmente puedan cometerse contra la víctima violada, tales como desaparición forzada, secuestro, tortura, mutilaciones o la muerte, no tengan castigo adicional”, añaden los magistrados.

Concluyen los miembros de ese alto tribunal que los congresistas deberían concentrarse en ajustar políticas de prevención integral y protección, ya que estos delitos, en la mayoría de los casos, ocurren al interior del hogar.

Pero además consideran preocupante que la Fiscalía General cada vez tenga menos elementos para investigar y efectuar buena litigación “porque desafortunadamente vemos que el ente acusador ha venido perdiendo capacidad para obtener sentencias condenatorias”.