Jalón de orejas de procuraduría a ANLA por rebose de crudo en Puerto Boyacá

Tunja (Colombia)

Las autoridades ambientales tendrán que entregar explicaciones y adelantar análisis serios sobre el estado real de la zona que es objeto de emergencia ambiental desde el 21 de julio de este año.

Y es que campesinos, concejales y ambientalistas que habitan la zona del Parque Nacional Natural Serranía de Las Quinchas, han denunciado en varias oportunidades, con video en mano, que el derrame de petróleo sí habría llegado a uno de los espejos hídricos más importantes de la Serranía, sobre la quebrada La Cristalina, y que en consecuencia los recursos ambientales del sector, están peligro.

Pese a que Ocensa, la Anla y hasta Corpoboyacá han intentado explicar por qué después de la emergencia ambiental reportada no se ha logrado descontaminar del todo la zona, en un informe del Ministerio Público se advierte que la autoridad ambiental, Agencia Nacional de Licencias Ambientates (Anla), presuntamente habría hecho caso omiso a sus obligaciones de control y vigilancia sobre la operación de la empresa Ocensa S.A.

Para la procuraduría, luego de la advertencia de derrame de petróleo, que prendió la alerta para campesinos y para los operadores de ecoturismo del sector, la ANLA no habría realizado las contra muestras del agua necesarias en la quebrada La Cristalina con el objetivo de comprobar el real nivel de contaminación provocado por la fuga de hidrocarburo.

Según el informe presentado por la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, Alicia López, es un tema complejo y delicado que la empresa Ocensa S.A. se haya encargado directamente de realizar el muestreo del agua de La Cristalina, para ejecutar un análisis físico–químico del agua tras el escape de petróleo, en un laboratorio contratado por la misma compañía, y no la ANLA, como debería ser en términos de sus funciones de vigilancia.

Con esa acción, la ANLA habría desatendido sus funciones, situación que impediría que se calcule objetivamente la real afectación en una zona de alta importancia hídrica para Colombia y para el mundo.

“Valorar los perjuicios ocasionados, los insumos esenciales en la etapa de apertura del proceso sancionatorio ambiental que debe adelantarse teniendo en cuenta que el derrame se produjo al interior de un Parque Regional Natural, es fundamental para reivindicar los ecosistemas, y el no realizar la contra muestra debilita la posibilidad de tener una prueba exacta para cuantificar el deterioro ambiental causado”, señala la procuraduría Judicial Agraria y Ambiental.

Esa conducta, calificada por la procuradora judicial agraria como una aparente negligencia, explicaría la razón por la cual que tanto Ocensa S.A. como la ANLA reportaron en tiempo récord en medio de la emergencia ambiental, la ausencia de hidrocarburos sobre la quebrada, situación que posteriormente causó la duda en las comunidades, promoviendo que la estas se valieran de videos para reclamar.

La Procuraduría insistió en que “las consecuencias por un derrame de hidrocarburo son nefastas para la biodiversidad y los ecosistemas, y más en un área protegida cuyo fin último es el de proteger a perpetuidad los recursos genéticos y las especies silvestres amenazadas”.

De acuerdo con ese primer reporte del ministerio público, la mancha de petróleo se extendió al menos sobre un área de 250 metros cuadrados, afectación amenazante para el suelo, la cobertura vegetal y el lecho de la quebrada.

Corpoboyacá registró filtración de crudo

Cabe recordar que las autoridades se percataron de la emergencia ambiental, no por pesquisas propias de los responsables del control en el área protegida, sino por las fuertes y evidentes denuncias de las comunidades.

Cuatro puntos específicos de la ladera y del área afectada con el derramamiento de hidrocarburos, fueron detectados por la corporación: uno está ubicado sobre el sector ecoturístico de Marroco, otro en el puente de la vía entre Puerto Romero y Otanche, y otro cerca al sitio de la fuga.

Una comisión de la Corporación asegura seguir en la zona para intentar descontaminar el suelo y evitar afectaciones a los cuerpos de agua, acciones que tardarían varios días. Por su parte Ocensa habría instalado preventivamente barreras oleofílicas para absorber el crudo filtrado.

La procuraduría hace recomendaciones

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales hizo una serie de observaciones y advertencias a los responsables. Tanto la ANLA como Corpoboyacá deberán realizar “la revisión del plan de mantenimiento y control de los oleoductos, y gasoductos que estén al interior de las áreas protegidas del departamento con el objeto de prevenir futuros accidentes que atenten contra el suelo, subsuelo, la fauna, la flora, el agua, el aire y demás recursos naturales presentes en el territorio”.

De forma exhaustiva, las autoridades ambientales deberán explicar la dimensión del impacto biológico y ecológico ocasionado por el derrame de petróleo. Además, se solicitó la evaluación del suelo afectado para descartar fenómenos de remoción en masa.

Dentro de las recomendaciones, la ANLA deberá evaluar los procesos sancionatorios ambientales necesarios a quien corresponda tras la emergencia.