Juez fija plazo para que se pavimente vía en La Providencia: Personero
La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena
Juez fija plazo para que se pavimente vía en La Providencia: Personero(Colprensa)
Cartagena de Indias
El personero de Cartagena, Williams Jesús Matson Ospino anunció que, en menos de diez días, un nuevo fallo judicial, derivado de una acción popular presentada por el Ministerio Público le ha ordenado al gobierno local ejecutar una nueva obra civil, con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Matson Ospino explicó que el fallo emanado del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó a la administración distrital que “dentro de tres meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, inicie y culmine las gestiones de carácter administrativo, financiero y presupuestal para elaborar los diseños hidráulicos para el proyecto de pavimentación de la diagonal 32 A del barrio La Providencia”.
La sentencia agrega además que la Alcaldía de Cartagena debe “seguir gestionando los recursos para la pavimentación de la diagonal 32 A; obra que deberá ser ejecutada en un plazo de seis meses”.
El personero indicó que el tramo a intervenir va desde la sede del centro educativo Integral Moderno hasta el final de la antigua carretera de Ternera.
En la demanda, radicada el 19 de diciembre del año inmediatamente anterior, Matson dejó consignado que el estado actual de la vía “no garantiza la normal y segura circulación de los peatones, pues no hay andenes ni bordillos en gran parte de su trayectoria y la falta de pavimentación dificulta el tránsito de vehículos”.
“La necesidad de la obra la reconoce la misma Secretaría de Infraestructura al tenerla priorizada y si bien ha realizado las gestiones administrativas para ejecutar los trabajos, eso no se desconoce, si se está dilatando la solución de la problemática que la vía presenta”, dice uno de los apartes de la demanda.
Mediante esta acción popular, La Personería Distrital de Cartagena de Indias, buscaba que a los habitantes del sector les fueran protegidos los derechos al “goce del espacio público y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice una salubridad pública”.
