MOE criticó a Minhacienda por no girar recursos para consultas populares y revocatorias en curso

La organización advirtió crisis de gobernabilidad en procesos electorales y vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos.

Este domingo 22 de octubre, en Granada (Meta) se iba a adelantar una consulta petrolera, y en Sogamoso, Boyacá, las elecciones de revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad Sandro Condía.

Sin embargo dichas jornadas quedaron frustradas y aplazadas porque el Ministerio de Hacienda no giró los recursos y responsabilizó a los entes territoriales (Gobernaciones y alcaldías que hubiesen decidido adelantar los eventos democráticos), para que destinaran los recursos para esos mecanismos de participación ciudadana.

Haber aplazado esos eventos por falta de presupuesto, es para la Misión de Observación Electoral, MOE, un ‘pecado’ que advierte una crisis de gobernabilidad en los procesos electorales.

La directora de la MOE Alejandra Barrios, aseguró en Caracol Radio que con esto se vulneran los derechos políticos de los colombianos.

“No se está haciendo ni el mayor esfuerzo para cumplir con la garantía de los derechos de políticos de los ciudadanos, y eso sólo se hace con planeación. Es increíble que estando a 3 días de que se hagan estas jornadas en los departamentos de Boyacá y el Meta, salgan las instituciones a decir que no hay plata para adelantar ni la consulta popular minera en el municipio de Granada, ni las elecciones de revocatoria del acalde de Sogamoso”.

Agregó que esto nos demuestra que no tenemos una autoridad electoral que esté liderando correctamente los procesos de participación ciudadana, no hay planeación, y es que no se habían programado en tan poco tiempo tantas elecciones atípicas, consultas populares y revocatorias al tiempo y sin haber asegurado los recursos”.

La MOE además destacó que el estado debe garantizar los derechos electorales establecidos en la Constitución Colombiana “donde se establecen los derechos de los ciudadanos para a decidir cuál es el rumbo o destino que quieren para su municipio o departamento”.

Afirmó que es incoherente que el Ministerio de Hacienda responsabilice a los entes territoriales para que destinen el presupuesto para adelantar una revocatoria, toda vez que carecería de transparencia y de garantías para el proceso democrático.

“Es completamente absurdo, por ejemplo, que sean aquellos mismos a los que se les está haciendo una veeduría o un juicio frente a si están cumpliendo o no con su programa de gobierno, quienes sean ahora los responsables de financiar la revocatoria de mandato”, dijo Barrios.

De otro lado indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad política de abrir el diálogo para buscar soluciones sobre la financiación de los mecanismos de participación ciudadana en el país.

“Los procedimientos de financiación deben ser absolutamente claros, pero actualmente no es así y quien debería explicar qué pasó, por qué no se planeó y por qué no se lanzó una alerta temprana sobre el financiamiento de los mecanismos es el Consejo Nacional Electoral que ha sido el gran ausente en este debate” recalcó la MOE.

Finalmente la Misión Observación Electoral invitó a abrir urgente el dialogo entre los entes responsables de los procesos democráticos para destrabar el inconveniente que según la organización, está vulnerando los derechos de la gente.

Según la MOE en lo corrido del año se han adelantado 12 revocatorias, 7 consultas populares y 7 elecciones atípicas.

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