Piden sanción a operadores judiciales que camuflen delitos de feminicidio como violencia intrafamiliar

Tunja (Colombia)

Además rechazó el caso en el que un concejal de Boyacá, del partido Cambio Radical, agredió con arma blanca a su esposa y a su hija, caso que no se tipificó como tentativa de homicidio sino como violencia intrafamiliar agravada.

Para Adriana Cely, activista por los derechos de las mujeres, los operadores judiciales están impidiendo que las herramientas jurídicas den un escarmiento severo a los agresores y asesinos de mujeres en Colombia.

“Un año y medio de sancionada la ley de feminicidio siguen ocurriendo estos casos. Los operadores judiciales están siendo cómplices de las muertes de las mujeres. Tienen más herramientas ahora y tienen cómo juzgar a estos criminales, y no pasa nada”, dijo Adriana Cely en Caracol Radio.

Y es que en el departamento de Boyacá, por ejemplo, no para la violencia contra la mujer, pero lo que más preocupa a los defensores de derechos humanos, es que los casos se escudan en violencia intrafamiliar o lesiones personales, lo que impide la aplicación plena de la ley de feminicidio en esta región.

El último caso se reportó en el municipio de Pachavita donde el concejal Marco Tulio Huertas, habría agredido en varias oportunidades y con arma blanca a su esposa y a su hija, menor de edad, quien además se encuentra en estado de embarazo.

Posterior a su captura, y pese a las evidentes agresiones, la fiscalía le imputó al concejal huertas el delito de violencia intrafamiliar agravada, y no como tentativa doble de feminicidio.

Tipificado de esta forma el delito, y de ser hallado responsable, el concejal tendría que pagar una pena que oscila entre 6 y 8 años de prisión, razón por la cual se indignaron los activistas y defensores de derechos de las mujeres, quienes reclaman que el caso se configure bajo la ley Rosa Elvira Cely, como tentativa de feminicidio agravada.

La activista Adriana Cely, aseguró que el caso no puede quedar en silencio.

Exigió a la fiscalía y demás autoridades competentes que el caso ocurrido en Pachavita, se maneje bajo la lley 1761 de 2015, para que haya un mensaje contundente a los violentos de mujeres.

“Pedimos también que esos operadores que no cumplan con las leyes y que no utilicen estas como herramientas en favor de los derechos y de la vida de las mujeres en riesgo, también sean sancionados”, indicó Cely.

Agregó que estableciendo sanciones a estos operadores de la justicia negligentes, “es la única manera de que funcione, porque acá estamos viendo las barreras y obstáculos es con ellos, que impiden que pongamos las denuncias y hacen que esas penas sean pequeñas porque no utilizan las herramientas que tienen”.

Concluyó frente al caso del concejal Marco Tulio Huertas, que “es indignante que un caso como este vuelva a considerarse como un hecho de violencia intrafamiliar. Pedir que los entes encargados revisen este caso urgente y le den el curso necesario para dar justicia a las víctimas”.