Indignación por ataque de un concejal a su esposa y a su hija embarazada en Boyacá
La hija del concejal es menor de edad. Causó indignación que el caso se haya configurado como violencia intrafamiliar y no como tentativa de feminicidio.

(El concejal del municipio de Pachavita (Boyacá), Marco Tulio Huertas, sindicado de haber agredido a su esposa y a su hija. Foto: Fiscalía General de la Nación.)

Tunja (Colombia)
El pasado 23 de diciembre, el concejal del municipio de Pachavita Marco Tulio Rubiano Huertas, habría agredido en varias oportunidades y con arma blanca a su esposa y a su hija, menor de edad, quien se encuentra en estado de embarazo.
El concejal de más de 55 años, representa al partido Cambio Radical, y dentro de la corporación edilicia hace parte de la comisión de gobierno. Su formación académica llegó hasta quinto de primaria.
Posterior a su captura, realizada por miembros del CTI adscritos a la Seccional Boyacá, y ante la solicitud de la Fiscalía 8 Local URI, el Juez Primero con función de control de Garantías de Tunja, le dictó al concejal medida de aseguramiento intramuros en la cárcel de Garagoa, por haber incurrido presuntamente en el delito de violencia intrafamiliar agravada.
El imputado no aceptó los cargos, razón por la cual el proceso continúa.
Tipificado de esta forma el delito, y de ser hallado responsable, el concejal tendría que pagar una pena que oscila entre 6 y 8 años de prisión.
Activistas y defensores de derechos de las mujeres, aseguran que pese al doble ataque (con un agravante claro, en el que una de las personas agredidas por el concejal es menor de edad y en estado de gestación), el caso se tipificó como violencia intrafamiliar agravada y no como tentativa de feminicidio.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por caracol radio aseguran que el tipo de lesiones no sí configuran el delito por el cual fue imputado el concejal Marco Tulio Huertas.
“Siguen agrediendo a nuestras mujeres pese a todos los avances que tenemos en la materia. De manera muy críticas y respetuosa quiero recordar a las autoridades que existe una Ley de Feminicidio, y que este servidor público agresor, lo que comete es un intento de feminicidio y en el caso de su hija es agravado por sus condiciones”, dijo en Caracol Radio la directora de la Casa de la Mujer de Tunja, Astrid Castellanos.
Explicó que “minimizar un delito tan atroz, como este, diluyéndolo en la figura de violencia intrafamiliar, sigue siendo uno de los escollos para que la lucha que hemos librado desde hace mucho tiempo en el país y en el mundo entero, sino hay concientización institucional de funcionarios que atienden estos casos, no lograremos castigos ejemplares, y por tanto un mensaje para los agresores”.
Sobre el caso concretamente, la directora de la casa de la mujer indicó que otro agravante es que el victimario de las mujeres es “un servidor público, una persona que se supone que tiene la vocería de un pueblo mediante el cual ha sido elegido”.
Ante el caso se ha manifestado rechazo total y se reitera la solicitud a los operadores judiciales para que las imputaciones de los delitos y las penas sean acordes para dar justicia a las víctimas.




