Reanudan audiencia contra la red estafadores en la Unidad de atención a víctimas
Más de 200 millones de pesos se habían apropiado red de corrupción en Antioquia.
Archivo Particular
Actualización
Medellín
Se informa que: El Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Medellín, en providencia del 29 de abril de 2020, Artículo Quinto, DECLARO ABSOLVER a WILMER ARLEY CÉSPEDES (y otros) de los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravado, peculado por apropiación, cohecho propio y falsedad material en documento público agravado, descritos en los artículos 340, 269A, 269F, 269H, 397, 405, 287 y 290 del C. Penal, por duda probatoria.
La presente decisión no ha sido apelada por ninguna Autoridad.
Este lunes, 28 de noviembre, las dos de la tarde, se reanudará la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos para las siete personas relacionadas con la red que, según la fiscalía, suplantaba a las víctimas del conflicto para hacer reclamaciones de forma fraudulenta, y se habría apropiado de unos 232 millones de pesos.
Se trata Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas; Javier Ignacio Aguilar Gómez, coordinador del área de reparación individual; Wilmer Arley Céspedes, contratista, los exfuncionarios Ismael Gómez y Lucía Restrepo Echavarría, el expersonero del municipio de Granada, Héctor Correa Arrayanes, y el exgerente del Banco Agrario de esa localidad, Oscar Emel Castaño.
"Se apropiaban de dinero de esta entidad a través de cédula y cupos numéricos que aún no habían sido expedidos por la Registraduría General Nacional al igual que falseaban algunos documentos para llegar a estos dineros que pertenecen a las víctimas y por esta razón se hizo el operativo", confirmó la directora de fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla.
En estas audiencias les serán imputados cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad documental, acceso abusivo a un sistema de datos personales, peculado y cohecho.
"La red venía operando desde hace aproximadamente dos años. Esta es la tercera fase de la investigación a la que llegamos gracias a las denuncias de las víctimas, aproximadamente 11", indicó la fiscal Carrasquilla.
Por este caso, según la fiscalía, ya han sido privadas de la libertad 19 personas este año.
