Logran acuerdo sobre consulta previa en pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta
Echan atrás licencia ambiental concedida por Corpocesar a las empresas Agregados del Cesar y Pavimentos El Dorado.
Logran acuerdo sobre consulta previa en pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta(Cortesía Corpocesar)
La Corte Constitucional mediante sentencia T849 de 2014, dejó sin efectos la resolución 1646 de 2010, mediante la cual Corpocesar había otorgado Licencia ambiental a las empresas Agregados del Cesar y Pavimentos El Dorado.
En esta sentencia se indicaba que la explotación minera que adelantan las empresas referenciadas se estaba haciendo dentro del territorio de Línea Negra, por lo tanto, se tenía que realizar el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y de esta manera garantizar el derecho ancestral que tienen estas comunidades sobre dicho territorio.
Esto obligó al Ministerio del Interior a adelantar y coordinar el proceso de consulta previa. En esta se hicieron presentes Corpocesar, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Minas del Departamento del Cesar yen algunos momentos la alcaldía de Valledupar, la Personería y los pueblos Arhuaco, Kogui, Kankuamo Y Wiwa.
El proceso se realizó bajo un clima de entendimiento y respeto, lo cual permitió que se acordara casi que la totalidad de los puntos expuestos por los indígenas. Las empresas recibieron las exigencias de estos e hicieron una contra propuesta, la que en la última fase se discutió y se materializó en un acta en la cual quedó fijado lo acordado y los puntos en los que no hubo acuerdo.
En las fases previas las comunidades hicieron visitas a los sitios donde se adelantaba la explotación minera y los mamos realizaron procesos de saneamiento espiritual, igualmente identificaron los sitios y elementos de interés cultural, los cuales deben ser respetados por la actividad minera.
Es preciso indicar que, la consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.
