Sentencia de la Corte Constitucional respecto a autonomía de los territorios debe ser un arma de defensa
Parlamentarios Quindianos sostienen que si existen mecanismos de protección ante proyectos mineros.
El parlamentario dijo que preocupa la entrega de permisos para exploración minera en cualquier lado. / Jhon Hernández
Quindío
Se trata de la sentencia C 123 del 2014 que habla del proceso de autorización de actividades mineras-acuerdo con las autoridades territoriales de la zona sobre las medidas necesarias de protección ambiental, la cual según el representante a la cámara por el Quindío Luciano Grisales, si bien es importante, responsabiliza a los territorios de realizar un concepto técnico que es costoso y que se desconoce, pero que merece una mejor explicación por parte de la Agencia Nacional Minera, porque aunque al respecto hay una demanda los proyectos mineros siguen firmes.
“Lo que hay es una sentencia de la Corte Constitucional exigiendo el procedimiento de otorgamiento de títulos mineros y la revisión y el concepto desde el territorio, el decreto fue demandado y está en stand by. Pero lo de fondo es que en Colombia ante la falta de un plan de ordenamiento ambiental se entregan permisos de exploración minera en cualquier parte”, indicó Grisales.
El parlamentario dijo que el tema es preocupante, pues aún sin un plan de ordenamiento ambiental las solicitudes de exploración minera se entregan en cualquier parte del país.
