Gobierno Nacional evaluará problemas de orden público en Norte de Santander

Los ministros del Interior y Defensa presidirán mañana en el municipio de Ocaña en Norte de Santander, un consejo extraordinario de seguridad para revisar los problemas de orden público que se han venido registrando en esa región.

Las autoridades han advertido que el aumento de los homicidios que se eleva a 27, los ataques de francotiradores, el resurgimiento paramilitar, el aumento de las acciones violentas del Eln y el Epl en algunos municipios al norte del Departamento, los ataques a la fuerza pública, amenazas a líderes, desaparición de uno de ellos, y las intimidaciones a miembros de organizaciones sociales, es el panorama que hoy presenta ese departamento en materia de inseguridad al oriente del país.

A este problema se suma el aumento de delitos como la extorsión en el que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar dijo que el tema "es muy grave, por todos los grupos guerrilleros que delinquen ahí. Les queman los buses, carros, maquinaría, para amedrentarlos, y paguen cierta suma de dinero".

En este panorama se ven "contratistas en general. Los que construyen torres, los que hacen obras en carreteras, colegios, escuelas y acueductos, la queja es general. Les toca convivir en la ejecución de las obras con esa zozobra que se genera y con esas exigencias de los grupos ilegales".

Los hechos más recientes se presentaron en el megacolegio de La Gabarra donde el Eln exigía 400 millones para continuar las obras. Y hace tres días, en la zona rural de Abrego fueron retenidos de manera extorsiva diez trabajadores que instalaban una antena de telecomunicaciones, y quienes abandonaron el proyecto por el riesgo que representaba laborar en esa área.

Agregó el mandatario que este delito ha venido creciendo por parte de los grupos guerrilleros, pero señaló que en medio de este panorama también la delincuencia aprovecha.

Las autoridades han venido adelantando acción preventivas frente al fenómeno para que las víctimas no paguen, y estimulando recompensas hasta de cien millones de pesos para ubicar a cabecillas de organizaciones guerrilleras que imparten órdenes a sus frentes para financiarse en la zona.

También han incrementado las acciones helicoportadas sobre las zonas más afectadas por hechos de violencia con el fin de contrarrestar los ataques de eses grupos contra la fuerza pública, la población civil, y las empresas del sector petrolero y energético.