La Tramacúa de Valledupar debe ser cerrada, afirman congresistas
Iván Cepeda, Alirio Uribe Muñoz, Víctor Correa y Alberto Castilla visitaron la Penitenciaría de alta seguridad con el fin de verificar la situación de los internos.
Los parlamentarios acompañados por miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos estuvieron en la denominada Tramacúa de Valledupar, con el fin de verificar la situación de los 244 internos que desde el pasado 23 de febrero hasta el jueves 17 de marzo se encontraban en huelga de hambre en protesta contra el hacinamiento, la falta de atención médica y los actos de tortura.
Durante la visita confirmaron que la situación sanitaria es crítica, sin agua ni condiciones dignas, calificándola como inhumana, que los internos llevan meses sin atención externa en salud, incluyendo a ocho de ellos con VIH sin retrovirales.
Los congresistas anunciaron que presentarán un informe sobre la situación de los derechos humanos en la Tramacúa a la Corte Constitucional y consideran que es inminente el cierre de la penitenciaría.
Los prisioneros habían levantado el jueves anterior la huelga de hambre, tras reunirse con Marcela Abadía, delegada de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, y el Brigadier General Jorge Ramírez Aragón, director general del Inpec, quienes en conjunto con el Comité de Derechos Humanos se comprometieron a modificar el régimen interno y brindarles mejores condiciones de detención.
Se informó que autorizaron el uso de toldillo, de equipos de radio, modificar horarios de visita para todo el día, prolongar el de visita conyugal a dos horas y cambiar el uniforme para uno con material acorde al clima.
En su visita, los parlamentarios hicieron seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional al dar respuesta a la tutela T-282 de 2014 en la que ordenó al Inpec y a la propia cárcel Tramacúa, asegurar el suministro de agua potable, no recibir nuevos prisioneros hasta contar con cantidad de agua potable suficiente, acondicionar a los presos de utensilios para asear sus celdas, los baños y saciar su sed por las noches, así como acondicionar el área del rancho para que tenga un sistema de almacenamiento de agua y terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico.
Igualmente evaluaron si el Iinpec ha tomado medidas para resolver el problema de hacinamiento, la falta de atención médica, los actos de tortura que reportan los internos y la grave crisis de salubridad que afronta el penal, situaciones a la cual la propia Corte Constitucional había dado un plazo de 10 días ante el incumplimiento de la tutela el pasado mes de febrero.
